"El traumatólogo realizó 200 prácticas de infiltraciones en tres meses"

El titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Carlos Funes, confirmó que el traumatólogo denunciado es Diego Ripa y brindó detalles de la investigación que se realizó previa a la denuncia penal por presunta estafa contra la obra social.

Al aire de Vibra FM (100.3) Funes señaló que "la obra social en forma permanente trata de controlar los desvíos e irregularidades que se puedan presentar de parte de los prestadores" y las tipificó en "incumplimientos de convenios con el pago de coseguros preestablecidos o en este caso maniobras más graves que se lograron detectar a partir de una sospecha por la cantidad de prestaciones que realizaba el profesional".

El funcionario destacó que "el sistema token actual que tenemos permite un seguimiento mucho más estricto sobre el sistema prestacional" y en ese sentido "pudimos corroborar que las infiltraciones que realizaba este profesional cudriplicaban a la de cualquier clínica del Gran Mendoza".

Con estos datos la obra social comenzó a investigar y citó a varios afiliados para saber si habían hecho o no las prácticas. "Algunos tuvieron el coraje de dar su testimonio ante escribanos y abogados donde reconocieron que se habían hecho las infiltraciones pero desconocieron fechas y facturas emitidas por el profesional que ya las había cobrado".

En este marco, el director de Osep afirmó que "esto debíamos exponerlo ante la Justicia porque son prácticas que no se hicieron, fueron facturadas y se cobraron" y agregó que "en tres meses se realizaron 200 prácticas que tienen un costo de $150.000 cada una, desconocemos si la maniobra se repitió en el pasado".

Confirmó que "el prestador fue dado de baja y ahora será la Justicia la que deberá actuar. Para nosotros se trata de una estafa contra la entidad".

También habló de otros casos que se están investigando y de suspensiones a prestadores que no respetan el valor del coseguro que en la actualidad asciende a $7500.

"Prefiero que estos profesionales rescindan el convenio a que le cobren demás a los afiliados. Nos hemos encontrado con profesionales que cobran hasta $20.000 el coseguro", informó.

Entre estos casos se encuentra el de una otorrinolaringóloga, que "fue suspendida y a la que se le avisó que no siguiera con esa práctica de cobrar un coseguro superior al autorizado".

Agregó que " en estas situaciones la obra social no es la estafada por eso no hay denuncias penales, existen suspensiones o se rescinde el convenio firmado" y agregó que "no vamos a permitir que se engañe a los afiliados que a veces sienten atrapados por la relación que mantienen con el profesional".

Admitió que continúan las investigaciones y no descartó futuras denuncias penales a profesionales que repitan este tipo de prácticas.