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A fuerza de grandes concesiones, el Gobierno logró aprobar una limitación de las denominadas "zonas frías" que busca recortar subsidios a la provisión de gas natural en once provincias, incluida Buenos Aires. El proyecto titulado "medidas energéticas" por el Poder Ejecutivo obtuvo 132 a favor, 105 rechazos y 4 abstenciones. Y ahora deberá ser debatido por el Senado.
En la votación en particular, todos los capítulos resultaron aprobados. A cambio, el Gobierno se comprometió a subsidiar la energía eléctrica en provincias del norte y el litoral. Con esta medida, el Gobierno persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones. En las "zonas frías" afectadas por el recorte, las facturas para residencias e industrias podrían aumentar al menos un tercio.
A la hora de la votación, el oficialismo fue acompañado por sus aliados de Pro, la UCR y el MID, además de los referentes legislativos de muchos gobernadores que sostienen la buena sintonía con la Casa Rosada. Se trata de Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).
Los catamarqueños de Raúl Jalil se abstuvieron, junto con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
Los legisladores cordobeses aliados a Martín Llaryora, así como los santafecinos ligados con Maximiliano Pullaro, votaron en contra. Son dos mandatarios que suelen sostener una buena sintonía con la Casa Rosada.
La media sanción será girada al Senado para su sanción definitiva. Allí el oficialismo enfrentará un panorama aún más complejo que en Diputados por el peso político de las provincias afectadas.
El proyecto del Gobierno recorta el alcance del régimen de zonas frías: elimina el subsidio automático para usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país y lo mantiene sin filtro de ingresos solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe, aunque con una cobertura menor porque deja afuera los costos de transporte y distribución.
Además, cambia el sistema de pagos del gas, habilita al Ejecutivo a modificar el recargo que financia el fondo fiduciario, crea un esquema para saldar deudas eléctricas con Cammesa, extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero.
