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La discusión sobre una posible desregulación del mercado inmobiliario sumó tensión en las últimas semanas luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmara que el Gobierno enviará en junio al Congreso un paquete de reformas orientado a modificar el corretaje y otras actividades reguladas.
El anuncio ocurrió hace unos días en un encuentro sectorial organizado por Reporte Inmobiliario, en la Universidad Católica Argentina, donde el funcionario adelantó que el oficialismo apunta a reducir costos dentro de las operaciones inmobiliarias y ampliar la competencia en el sector.
"Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo", sostuvo Sturzenegger tras el encuentro.
El proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, aunque dentro del mercado ya descuentan que incluirá cambios sobre colegiación, corretaje y regulaciones vinculadas con la actividad inmobiliaria.
Según explicó el funcionario, el objetivo pasa por "quitar trabas y privilegios" que, según la mirada oficial, terminan elevando costos para compradores, vendedores e inquilinos.
Un cruce no tan simpático
La discusión tomó aún más fuerza luego de una reunión realizada entre funcionarios nacionales y representantes de entidades inmobiliarias, quienes expusieron fuertes diferencias frente a la iniciativa.
Por parte del sector participaron Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI) y del Colegio Inmobiliario porteño; Román Paikin, vicepresidente del Colegio Inmobiliario porteño; Jorge Alberto Pighin, vicepresidente primero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA); y Fernando Guzmán, secretario general de FIRA.
Durante el encuentro, las entidades acercaron documentación institucional y defendieron el rol de los colegios profesionales dentro del mercado inmobiliario.
Los dirigentes remarcaron especialmente la importancia de la capacitación permanente, la ética profesional y los controles vinculados con la seguridad jurídica de las operaciones.
Marta Liotto explicó que la reunión dejó al descubierto diferencias profundas entre ambas posiciones: "No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico".
La titular de COFECI y del Colegio Inmobiliario porteño señaló que uno de los principales ejes del planteo estuvo vinculado con la protección patrimonial de las familias. Liotto afirmó: "Los corredores inmobiliarios son profesionales que se capacitan permanentemente para administrar e intermediar sobre el patrimonio de las personas. Los colegios cumplen una función de ordenamiento y supervisión".
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que muchas regulaciones terminaron convirtiéndose en restricciones que limitan competencia y encarecen servicios.
Qué busca cambiar el ministerio desregulador
Según explicó Federico Sturzenegger y de acuerdo con los borradores que ya circulan dentro del sector inmobiliario, el Gobierno apunta a modificar varios ejes vinculados con el corretaje y las operaciones inmobiliarias, como la eliminación obligatoria de la matrícula para trabajar en el sector. Entre los principales cambios aparecen:
- flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
- revisión del rol de los colegios profesionales y de sus facultades regulatorias,
- eliminación de honorarios mínimos obligatorios en operaciones inmobiliarias.
- apertura a nuevos modelos de intermediación y plataformas tecnológicas Proptech.
- reducción de barreras de entrada para nuevos actores del mercado.
- digitalización y simplificación de trámites vinculados con compraventas.
- desburocratización de procesos administrativos y registrales.
- ampliación de competencia entre operadores inmobiliarios.
- impulso a modelos comerciales con menores costos de intermediación.
- creación de una nueva ley de defensa de la competencia que también alcanzaría a colegios profesionales.
- revisión de restricciones jurisdiccionales que hoy limitan actividad entre provincias.
- flexibilización de estructuras regulatorias que el oficialismo considera "privilegios corporativos".
