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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la tasación y ejecución de los bienes de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.
Pero si esos activos no alcanzan para cubrir los $684 mil millones fijados como decomiso en la causa Vialidad, dispuso también avanzar con el remate de los bienes del resto de los condenados.
El fallo aclara que "para el eventual supuesto de que aquello no fuera suficiente para afrontar el monto de decomiso fijado en esta causa, procédase a la realización de los bienes propiedad de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich".
La resolución le delega al Tribunal Oral Federal 2 porteño que continúe con el trámite según los términos de la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento aprobó el "Reglamento de efectos decomisados en causas penales".
No obstante, fuentes judiciales admiten que todo el proceso podría quedar interrumpido cuando la defensa de la ex presidenta, junto con el resto de los encausados, presente un recurso extraordinario ante la Casación.
La ejecución
Los magistrados deberán llevar a cabo una subasta, previa notificación a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del Máximo Tribunal, indicando el comprador y las sumas obtenidas. El dinero de la venta deberá ser depositado en las cuentas bancarias del más alto tribunal federal.
En el caso de bienes muebles registrables y no registrables que puedan tener una utilidad social (por su valor económico y cultural), se ordenará su tasación y podrán asignarse provisionalmente para el uso del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad.
Si los bienes tienen una utilidad inmediata y concreta para la comunidad, podrán destinarse prioritariamente a programas de asistencia a víctimas, educativos, de salud, de reinserción social o de contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.
El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que "la ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales".
En cuanto al planteo de Máximo y Florencia Kirchner de conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".
De acuerdo con el fallo de Casación la lista de bienes incluidos en la orden de ejecución del decomiso está conformada por 84 propiedades del empresario Lázaro Báez, un terreno en Lago Argentino de Cristina Kirchner, y otros 19 a nombre de sus hijos.
También dispone el recupero dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA, y dos Loscalzo y Del Curto SRL, todas empresas vinculadas con Báez.
