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El juez penal Sebastián Sarmiento fue sancionado por el Jurado de Enjuiciamiento con una suspensión de seis meses sin goce de haberes para ejercer como magistrado en un proceso abreviado que se desarrolló este martes.
Aceptó los cargos que se le imputaban para poder acceder a esta sanción menor y así evitó ser destituido, algo que era casi un hecho.
Comienza el juicio al Juez Sarmiento que presentó un diputado sanrafaelino
El juicio abreviado fue propuesto por el mismo acusado y aceptado por la parte acusadora: el procurador general Alejandro Gullé (jefe de todos los fiscales) y el diputado y abogado sanrafaelino Franco Ambrosini que representa a los hijos de un ex policía que fue asesinado por un delincuente que había accedido a una libertad anticipada dictada por Sarmiento.
Lo liberó el juez Sarmiento y volvió a quedar detenido por un intento de robo
El Jury de Enjuiciamiento compuesto por los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y 14 senadores y diputados provinciales de distintos partidos políticos votó por unanimidad suspender por medio año a Sarmiento en el cargo en el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de la Ciudad de Mendoza sin goce de haberes.
"El juez Sarmiento prioriza a los delincuentes por encima de los ciudadanos"
Además establecieron que la suspensión comience a regir desde el 11 de diciembre de 2025, que es la fecha en que fue suspendido provisionalmente, y se le ordenó restituir el 50% de los sueldos percibidos desde entonces. Tendrá un plazo de diez días hábiles para la devolución de lo cobrado.
Sarmiento podrá volver a ejercer como juez a partir del 11 de junio próximo pero en un tribunal diferente. Pidió ser trasladado a otra jurisdicción judicial donde no se diriman asuntos vinculados a la vida carcelaria, por lo que podría ser el Valle de Uco o la Zona Este.
El juez aceptó los cargos de "mal desempeño" y "desorden de conducta" por cinco hechos en los que se lo acusaba de haber liberado anticipadamente a presos que luego cometieron delitos y por dictar una medida que se oponía al retiro de celulares en las cárceles a pesar que la Suprema Corte había ratificado el pedido para retirar los teléfonos.
