Cargando...
Abel Ayala tiene 11 años, nació con una discapacidad motriz y retraso madurativo que consta en el Certificado de Discapacidad que le otorgaron para obtener la cobertura médica y otros beneficios que lo ayuden a mejorar su calidad de vida.
El niño asiste a la escuela Efrain Dante Gicolini y tiene la cobertura social de OSECAC que generó su madre al tramitar el Monotributo Social, pero mantener ese servicio depende de el Certificado de Discapacidad que emite Nación que también lo habilita a cobrar la pensión que actualmente es de $300.000.
Lo cierto es que ese certificado se venció en junio del 2024 cuando estalló el escándalo de las pensiones truchas y el gobierno nacional inició una Auditoría.
A Abel le prorrogaron el certificado hasta el 19 de febrero del 2026 con la condición de que iniciara los trámites para su renovación.
Sin embargo pasó el tiempo, los padres acercaron toda la documentación y la prórroga venció. Por ese motivo, Abel no puede volver a hacer sus terapias de rutina, se quedó sin cobertura para la compra de medicamentos y pañales, no sabe si cobrará la pensión en marzo.
Ezequiel Ayala
En este escenario complejo gracias a la solidaridad de los prestadores mantuvo el transporte gratuito hasta la escuela y la asistencia de sus acompañantes terapeutas.
Su padre Ezequiel Ayala expuso en Vibra FM (100.3) la brurocracia y la demora en la que incurrió ANDIS para que se venciera el Certificado de Discapacidad.
"Todo comenzó cuando empezaron las auditorias, nos dieron una prorróga y en junio del 2025 iniciamos el trámite para renovar la documentación", recordó el papá. y agregó que "en ese momento nos dijeron que volviéramos entre agosto y septiembre porque estaban con demoras".
Cuando se presentaron en esa fecha a la delegación ubicada en Cordoba y Zapata, la empleada les entregó una fotocopia para que completaran los trámites que incluía un pedido de informes médicos y de la escuela para reiniciar el trámite de renovación.
"Tardaron dos meses para darme unas fotocopias. En octubre nos presentamos nuevamente con toda la documentación y nos dijeron que en diciembre iba a ver novedades", señaló Ezequiel y mencionó que "pasó diciembre y no hubo contestación alguna, entonces nos presentamos en enero y nos dieron un turno para el 20 de marzo".
La prórroga venció el 19 de febrero y Ezequiel se acercó nuevamente a la delegación pero no hubo respuesta al reclamo y Abel se quedó sin obra social porque OSECAC exige el certificado para mantener la cobertura médica.
En este contexto el papá de Abel expresó que "si bien el 20 de marzo vamos a gestionar el certificado es muy probable que esto se vuelva a demorar hasta que la obra social le vuelva a dar el alta".
El niño sufre de epilepsia y sus padres, que no tienen suficientes recursos, apenas si pueden pagar los medicamentos y los pañales. "Toda esta demora complicó la evolución de mi hijo que está en silla de ruedas y necesita seguir con las terapias que cubría la obra social. No entiendo porque hay que renovar el certificado cuando su discapacidad es de nacimiento", mencionó.
Agradeció a los transportistas, a las acompañantes y al Municipio que "siempre me ayudó con los pasajes cuando tenemos que viajar a Mendoza para que a mi hijo lo atienda un neurólogo que no trabaja con obras sociales" y expresó que "no se puede jugar con la salud de la gente, hay otras personas que también padecen estas demoras y no tienen recursos".
