Río Atuel: La Pampa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Jueves, 15/08/24 14:00

La demanda la impulsaran dos organizaciones no gubernamentales.El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, fue activo colaborador en la presentación

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto sostuvo en una conferencia de prensa realizada en la Universidad Nacional de La Pampa que el conflicto por el Río Atuel "trasciende el ámbito del Gobierno. Se trata de una lucha colectiva que nos define como pampeanos defensores de sus recursos naturales".

Expresó que "se está dando un paso más después de 77 años de despojo; 77 años de una lucha que nos une por historia, pertenencia y defensa de nuestro futuro" y mencionó que "es producto de que todos los actores, públicos y privados, nucleados en la CIAI pampeana, tomaron la decisión de salir del ámbito de nuestro país e ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nuestro reclamo".

Río Atuel: La Pampa recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Ziliotto afirmó que "Mendoza esta en rebeldía con una sentencia de la Corte que ya tiene cuatro años, en la que la obligaban a erogar 3,2 metros cúbicos por segundo para comenzar a recuperar el ambiente que degradaron".

"Mendoza no acata ni las ordenes de la Corte"

"Hace ya bastante tiempo que en la Fundación Chadileuvú se discutió la necesidad de recurrir a la Suite de Supranacionales, fundamentalmente los que están en el marco de la Organización de Estados Americanos, es decir la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Corte", recordó el titular de la Fundación Chadileuvú, Alberto Goldberg.

En este sentido dijo que considerando "las últimas acciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se había llegado a una situación inédita donde por primera vez una provincia entra en rebeldía y no acata las órdenes de la Suprema Corte".

"La Corte Suprema agotó todas sus posibilidades, no tiene ejercito de policías a su disposición y se guía por criterios políticos donde Mendoza tiene las de ganar como provincia más importante que La Pampa desde el punto de vista electoral y económico. La única posibilidad que nos queda es iniciar un camino largo, pero que puede tener éxito y llagar a lo que aspiramos todos lo pampeanos, que por fin el agua de Atuel corra por el cauce de La Pampa", concluyó.

"El desastre ecológico más grande del país"

Roberto Rodríguez, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, recordó la lucha por los ríos fue iniciada "por antiguos pobladores, artistas, músicos, que se han venido expresando de distintas formas por más de más de 70 años".

"Este robo que viene ejerciendo Mendoza aguas arriba que nos toca a nosotros en particular y a otras provincias aguas abajo, va alcanzando grandes niveles de lucha donde, acompañando por el pueblo pampeano y las localidades más afectadas por estos cortes, han ido poniendo sobre la vividera el robo no solo del río Atuel si no también del Salado que ha provocado el desastre ecológico más grande de la historia de nuestro país".

Estudio previo y denuncia

En marzo de este año el Gobierno de la Pampa a través del gobernador Sergio Zilliotto firmó un convenio con la Consultora de la UNLPam, representada por el rector Oscar Alpa, con el objeto de que se evalúe y proponga a la provincia -a través de su Fiscalía de Estado- alternativas para acudir a los organismos internacionales a los fines de efectivizar los derechos reconocidos en la sentencia dictada por la CSJN con fecha 16 de julio de 2020 contra la provincia de Mendoza por el Río Atuel.

Luego de un análisis pormenorizado de la normativa de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en torno a la protección al ambiente como derecho humano y de los antecedentes judiciales del caso, se arribó a la conclusión que estaba habilitada la posibilidad de realizar la denuncia o petición correspondiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, se analizó la falta de legitimación de la provincia para interponer la denuncia y se llegó a la conclusión que los denunciantes debían ser organizaciones no gubernamentales provinciales de reconocida trayectoria.

Como consecuencia del estudio realizado, el abogado Andrés Gil Domínguez procedió a confeccionar la denuncia a ser presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,