Cargando...El fiscal Federal de San Rafael Ignacio Sabás que investiga irregularidades para obtención de pensiones por discapacidad informó a Info YA! que "ya hay citaciones a nuevas indagatorias y no se descarta que podría haber más personas imputadas en la causa".
Sabás, por una cuestión de secreto de sumario, para no entorpecer el proceso de la investigación, no indicó cuántas personas fueron citadas a indagatoria después de una pesquisa que se inició donde se investiga quienes fueron los beneficiarios de estas pensiones que presentan irregularidades.
Aparentemente después de las indagatorias es muy probable que sean imputados aquellos, que sabiendo que sus trámites presentaban irregularidades para la obtención de este beneficio.
Los pedidos de indagatorias son el resultado del análisis de por lo menos 60 expedientes que se tomaron como muestreo y de las respuestas a los informes que solicitó la Fiscalía a distintos organismos nacionales para verificar si hubo o no irregularidades en los trámites de las pensiones.
Sabás afirmó que "estamos trabajando en las citaciones, es muy probable que haya más imputados en la causa".
La Justicia ya procesó a Sonia del Carmen Rodriguez, Ernesto Dionisio Ochoa, Francisco Navarro, Carla Micaela Ochoa, Eva Antonia Bravo, los médicos Damián Fernandez Bianchi y Sergio Luis Pascuttini, Norma Beatriz Bravo, Claudia Silvina Bustos y dictó la falta de mérito, en este delito, al kinesiólogo Javier Hernández porque hasta ahora no se le pudo probar que fuera integrante de la banda investigada.
La única persona que sigue detenida en prisión domiciliaria es la gestora Norma Bravo, confirmó el fiscal Sabás. A todos se los embargó en sumas millonarias que van desde los 7 millones de pesos.
Hay que recordar que las maniobras datarían del 2011 a la fecha, en las que Norma Bravo reclutaba gente para ofrecer el servicio de gestora para el trámite de pensiones. Lo hacía generalmente en la puerta de ANSES y luego en el Schestakow trataba de agilizar los expedientes con la ayuda de personal administrativo que también está procesado al igual que los médicos que serían los que intervienen en las historias clínicas para diagnosticar la discapacidad.
La banda, que se dedicaba a tramitar pensiones por discapacidad truchas ante la ANSES, cayó en julio del 2023, luego de una extensa investigación, que incluyó escuchas y seguimientos.
La causa fue un desprendimiento de una denuncia promovida por el fiscal federal Guillermo Marijuán y quedó a cargo de su colega de San Rafael, Ignacio Sabás.
Cómo estafaba Norma Bravo
Norma Bravo, a la que en la jerga se la conocía como "Mamá Norma", usaba los servicios de empleadas administrativas del Hospital Schestakow, que aprovechándose de su puesto de trabajo en el área de Salud Laboral, se encargaban de realizar Certificados Médicos Obligatorios y hacerlos firmar por tres reconocidos médicos.
La mujer había montado una aceitada organización para captar beneficiarios y cobrar la gestión para iniciar los trámites para la obtención de las pensiones por discapacidad.
Había captadores en las puertas del ANSES, profesionales que firmaron certificados donde se inventaban patologías o aumentaban los porcentajes de discapacidad de aquellos pacientes que no llegaran al mínimo requerido para hacerse benéficas de una pensión y empleadas administrativas del Schestakow que cargaban esos datos manipulados.
