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Tres jueces de la Segunda Cámara Laboral de San Rafael condenaron a la ART Galeno a pagar la suma de $32.347,887.65 (capital más intereses) a la viuda de Ricardo Rubén Golbano, que era empleado que trabajaba en la Municipalidad de Malargüe, y murió tras contagiarse de Covid.
El deceso de Golbano se produjo en julio del 2021 cuando el hombre que era un paciente de riesgo por su edad y otras afecciones fue obligado a trabajar y luego el Municipio, a cargo de Juan Manuel Ojeda negó, con documentación firmada por la Secretaría de Gobierno, su presencialidad.
La negativa del Municipio y la no entrega del certificado correspondiente a la ART Galeno le impidió a la viuda de Golbano cobrar la indemnización correspondiente.
El gobierno, a cargo del ex intendente radical, negó durante años la presencialidad del empleado de 65 años contradiciendo evidencia testimonial que lo ubicaba a Golbano en su lugar de trabajo.
El conflicto se dirimió en un litigio judicial porque la mujer, como consta en la sentencia, concurrió en innumerables oportunidades al Municipio para reclamar la documentación necesaria que le exigía la ART para avanzar con el trámite indemnizatorio sin embargo nunca se pudo concretar porque el Municipio no entregó la documentación.
Lo cierto es que la viuda y sus hijos peregrinaron durante más de un año solicitando un certificado del Municipio donde constara que el trabajador había trabajado durante la pandemia, requisito inexcusable para que pudiera iniciarse el trámite ante la SRT para el pago de la indemnización.
Ante las interminables excusas de parte de los funcionarios del Municipio y no pudiendo realizar la denuncia ante la ART. ni iniciar expediente en SRT por no tener la documentación mínima. se inició un proceso de aseguramiento de prueba para que el Municipio remita el legajo del trabajador, constancias de asistencia y extendiera el certificado o presentara si había realizado la denuncia ante la SRT.
El Municipio en el primer expediente remitió informes señalando que el trabajador no trabajaba en esa época por estar exceptuado por motivos de salud (está en el informe de la secretaria de gobierno) y por ese motivo hay una derivación del expediente al fuero penal para que investigue si se cometió un delito por falsedad ideológica de instrumento público.
La sospecha es que el Municipio intentó esconder que a la víctima la hicieron ir a trabajar cuando el empleado estaba exento de hacerlo y se murió.
Con todos estos condimentos, el Tribunal consideró que la falta de colaboración del Municipio impidió que la viuda pudiera gestionar el certificado que habría cobrado 3 meses después del deceso de su esposo.
En el fallo hay testimonios de otros empleados que comprometen al intendente Ojeda y sus funcionarios ya que los testigos afirmaron que Golbano iba a trabajar cuando el Municipio lo negó y que mantuvo relaciones laborales incluso tres días antes del diagnóstico por Covid.
En uno de los relatos más explícitos, un testigo reveló que "los funcionarios políticos tenían que trabajar con normalidad por orden del intendente".
En este escenario la ART Galeno tomó como válido el documento del Municipio que confirmaba que "Golbano no estaba trabajando " y que su contagio se debió " a una actividad realizada fuera de la Comuna" y que no hubo "contagio laboral".
Los abogados de la viuda, Raúl Oyola y Santiago Rentería lograron demostrar en el expediente que el Municipio omitió información clave e incluso mintió sobre la actividad laboral de Golbano dentro de la Comuna y exculparon, los abaogados, a la ART por no pagar por culpa del Municipio.
