Esta semana se dieron los primeros pasos para tener Lucha Antigranizo en la zona sur en la temporada 2025-2026, pero aún restan algunas definiciones para asegurar su funcionamiento.
Este jueves el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, anunció en una reunión con el intendente de Alvear Alejandro Molero que el gobierno provincial pone a disposición de los municipios de San Rafael y General Alvear dos aviones Piper Cheyenne II, el sistema de radares y las bengalas que quedaron de la campaña anterior, pero aclaró que, a diferencia del año pasado, no aportará dinero.
A ello se suma el centro de control de la zona sur que funciona en San Rafael desde el cual se le indica a los pilotos dónde hacer la siembra de nubes, los hangares de las aeronaves y el polvorín para guardar la pirotecnia.
El ministro Rodolfo Vargas Arizu y el intendente alvearense Alejandro Molero.
Qué es lo que falta
Ahora resta saber quién va a operar el sistema y de dónde va a salir del dinero.
Respecto al primer punto, en la reunión con el ministro, el intendente alvearense propuso a "la empresa aeronáutica sanrafaelina, que operó la temporada pasada", porque consideró que "tiene la capacidad operativa para lanzar nuevamente la campaña".
Se trata de la empresa de los pilotos del Aeroclub de San Rafael que el año pasado operó la Lucha Antigranizo con los aviones de la Provincia entre finales de noviembre de 2024 y el 4 de enero de 2025, fecha en que tomó la posta (con casi un mes de retraso) la firma estadounidense Weather Modification asociada a la mendocina Aerotec, que ganó la licitación lanzada por los municipios sureños.
Esta propuesta deberá acordarla con su par sanrafaelino Omar Félix.
Todo dependerá de un acuerdo entre los intendentes Omar Félix y Alejandro Molero.
El espinoso tema del dinero
Para Molero, lo que aporta la Provincia es "más del 70% del costo total del sistema" y "deja a los municipios de San Rafael y General Alvear la responsabilidad de cubrir una parte menor, relacionada con el combustible y la contratación de pilotos".
Aunque el jefe comunal de Alvear lo considere de esa manera, no es un tema "menor", especialmente porque es lo que definirá si hay o no Lucha Antigranizo.
Calculan que se necesitarán alrededor de 2.500 millones de pesos para el funcionamiento del sistema.
El año pasado costó en total 3.300 millones, de los cuales 1.800 millones los aportó la Provincia. El resto salió de lo recaudado por los dos municipios con el ítem adicional que cobraron a través de las boletas de la luz a los usuarios de San Rafael y Alvear.
Acuerdos versus peleas electorales
Como mencionamos más arriba, el ministro de la Producción hizo saber que en esta temporada el gobierno provincial no pondrá plata. Ahora la pelota quedó en la cancha de los municipios sureños.
El intendente de Alvear adelantó que "no va a ocurrir lo del año pasado que el municipio incorpore un impuesto, tasa o arancel en la boleta de la luz de los vecinos alvearenses porque ya tienen demasiadas dificultades para abonar este tipo de servicios como para que le recarguemos nuevamente el costo del sistema de la lucha antigranizo".
Entonces "veremos las posibilidades de las finanzas del municipio para hacer los aportes necesarios".
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Por su parte, el intendente Omar Félix había solicitado a la Provincia que garantizara con sus recursos la continuidad de la Lucha Antigranizo, al argumentar que destina 15.000 millones para la Lobesia Botrana, de cuya plaga no hay registro en sur, pero se rehúsa a aportar 2.500 millones para el sistema de mitigación de tormentas. Esto lo planteó antes del anuncio de los aviones y radares.
Ahora Félix tiene una doble presión, porque aún debe decidir si se suma a este nuevo esquema de Lucha Antigranizo. Y si lo hace: ¿de dónde va a sacar el dinero? Teniendo en cuenta que en Alvear no volverán a aplicar el cobro extra en la boleta de la luz y han decidido poner fondos propios de la comuna.
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De todos modos, lo positivo es que al empezar a discutir en estos días, hay tiempo suficiente para llegar a un acuerdo antes de fin de año. Lo negativo: es tiempo de elecciones y se corre el riesgo de que las negociaciones queden entrampadas en la lógica de las disputas electorales, más aún teniendo en cuenta que deben ponerse de acuerdo dos partes de distintos colores políticos.
Entonces, lo más probable es que cualquier definición quede para después del 26 de octubre.