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La Inspección General de Seguridad confirmó este jueves en el Boletín Oficial que continúa la investigación a un efectivo de la Policía que presta servicios en San Rafael por un recurso que presentó su defensa que cuestionó la validez de unas pruebas.
Al efectivo, se lo investiga por dos motivos graves: la vinculación de un vehículo de su propiedad en un hecho de robo simple y el desarrollo de actividades lucrativas ajenas a la fuerza, prohibidas por el reglamento policial.
La defensa del agente, según consta en el Boletín Oficial, cuestionó la validez del procedimiento al argumentar que la Inspección General de Seguridad (IGS) recolectó pruebas antes de ordenar formalmente el sumario.
Según el planteo del uniformado, estas diligencias preliminares afectaron su situación jurídica y debieron realizarse bajo un formato de "información sumaria".
El decreto oficial rechaza los argumentos del efectivo al considerar que la recolección de documentos y la compulsa de la causa penal tramitada en San Rafael son medidas de investigación preliminar legítimas. El Gobierno aclaró que se trata de prueba reproducible que no genera un perjuicio concreto al agente en esta etapa.
El documento subrayó en la norma que la apertura de un sumario no es un acto que pueda ser recurrido para frenar la investigación, ya que no constituye una sanción final. Por el contrario, este proceso administrativo representa una garantía republicana que obliga al Estado a seguir reglas claras antes de tomar una decisión.
Con la firma de este decreto, se agota la vía administrativa en el Ejecutivo. El auxiliar mantiene el derecho de recurrir a la Suprema Corte, para lo cual dispone de un plazo de 30 días corridos a partir de su notificación.
