Cargando...Todos los años los funcionarios públicos tienen que presentar su Declaración Jurada de ingresos y patrimonial en el marco de la Ley 8.983 de Ética Pública que los obliga a transparentar sus bienes cuando detentan en cualquiera de las jerarquías, formas o lugares en donde la ejerzan.
Info YA! como todos los años publica el patrimonio de concejales, legisladores y funcionarios de mayor rango a la que cualquier ciudadano puede acceder por la web porque se trata de información pública.
Esta vez la sorpresa fue mayúscula al consultar la DDJJ del concejal Martín Antolín que accedió a su banca integrando la boleta de candidato a intendente de Rodolfo Bianchi por el Partido Libertario.
Declaración Jurada de Martín Antolín
Es que en su primera DDJJ publicada en febrero del 2024 el edil no informó ser titular de bienes inmuebles y de vehículos a pesar de que conducía una Toyota Hilux y se lo veía pasear por San Rafael con Peugeot RCZ, vehículos que ocultó durante el concurso preventivo de acreedores que inició, que luego se transformó en quiebra y finalmente concluyó por avenimiento.
En ese entonces Antolín simuló la venta la venta de una Toyota Hilux que fue detectada por el síndico de ese proceso. La maniobra se tejió a partir del 22/05/2020 cuando se la "vendió" o "cedió" a su madre Ana Fany Coria que la retuvo hasta el 28/10/2021 cuando apareció un "supuesto comprador" llamado Leandro Ezequiel Quiroga que luego le extendió al concejal el 2/11/2022, una cédula de autorización de manejo.
Camioneta Toyota de Antolín ploteada para la campaña política
Algo parecido sucedió con el Peugeot RCZ que el concejal "vendió" a un amigo de Maipú pero al igual que con la Toyota la cédula azul de manejo estaba a nombre de Antolín.
Lo cierto es que en la DDJJ del 2024 presentada en febrero del 2025 aparecen tres propiedades, un local comercial de 400 metros cuadrados cubiertos con un avalúo fiscal de $50.329.381 adquirido el 16 de agosto del 2024, una vivienda familiar de 280 metros cuadrados cubiertos con un avalúo fiscal de $13.210.913 y otra en construcción de 130 m2 sobre un terreno de 325 m2 con un avalúo fiscal de $2.438.345 , ambas, según la DDJJ, compradas el 14/02/2024.
El local comercial que compró Antolín en el 2024
Info YA! consultó con inmobiliarias reconocidas del departamento el valor real de mercado de las tres propiedades que sumarían más de 400.000 dólares que al cambio en el mercado oficial BNA significan más de 400.000.000 millones de pesos cuando el salario de un concejal, a la fecha, no llega a los 2 millones de pesos y los ingresos que declara como comerciante serían a partir de agosto del 2024 por el alquiler del local comercial, léase Rock and Rolla.
En este contexto el edil debería justificar el patrimonio acumulado en el 2024 o explicar si no lo ocultó en el pasado para no exponerlo en su proceso falencial.
Martín Antolín junto Rodolfo Bianchi
Más allá de este interrogante, en este escenario hay que recordar lo sucedido recientemente con el presidente de Aysam, Humberto Mingorance cuando el funcionario declaró la adquisición de ocho propiedades inmobiliarias desde el año 2020 hasta la fecha, todas obtenidas después de su asunción como funcionario público que antes de su ingreso al gobierno, no registraba bienes que promovieron un pedido de informes en el Senado que fue aprobado por todo el arco político.
En este sentido según la Ley N°8993 la Oficina de Ética Pública, en caso de comprobarse la omisión del patrimonio en DDJJ anteriores o por un desmedido crecimiento patrimonial que no se justificaría con los ingresos declarados por Antolín, tiene la obligación de intimar a Antolín para rectificar su declaración en un plazo de diez (10) días hábiles. De persistir el incumplimiento, el concejal debería ser sancionado con una multa, y en caso de que se determine la existencia de delito, se debería interponer una denuncia penal.
Dicho esto, Antolín debería responder varios interrogantes ante la sociedad y sobre todo frente a sus votantes que acusaron a la clase política de "casta".
Primero tendría que responder cómo compró esas propiedades con el sueldo que percibió como concejal durante un año que dista de ser suficiente para ahorrar 400.000 dólares para evitar una sospecha de enriquecimiento ilícito.
Segundo debería justificar estas inconsistencias y en caso de haberse olvidado de incluir su verdadero patrimonio en el 2023 tendría que aclarar si lo hizo para sustraerlo de su patrimonio durante su proceso falencial.
La tercera cuestión está relacionada con la actitud que van a tomar sus colegas del Concejo Deliberante. Los ediles serán capaces de presentar un pedido de informes como se hizo en el Senado para que investigue la Justicia como en el caso Mingorance o van a hacer cómplices con el silencio.
En este escenario resta saber qué hará el Ministerio Público Fiscal a cargo de Alejandro Gullé que en otros causas resonantes como las de los ex intendentes Luis Lobo de Guaymallén o Daniel Orozco de Las Heras y su esposa Janina Ortiz ordenó investigaciones de oficio sin esperar que haya una denuncia formal.
