Designaron a una nueva abogada para los niños abusados por el "Chacal"

Sábado, 20/04/24 09:30

La letrada pidió un cuarto intermedio para estudiar el expediente. El imputado sigue sin aceptar un juicio abreviado y arriesga una condena superior a los 30 años

Una nueva suspensión sufrió la audiencia preliminar al juicio contra J. Puscama acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada, producción y distribución de material de abuso sexual infantil agravada. 

Esta vez la nueva abogada que representará a los dos niños abusados, Alejandra Perret, solicitó un cuarto intermedio al juez Ariel Hernández para estudiar el expediente. 

Es que a los niños los representaba Guillermo Rubio, que falleció en enero de este año y como la Ley dispone que los menores tienen que ser representados por un letrado, el juez que ahora interviene en la causa designó, entre un listado de abogados, a una especialista en minoridad como es Alejandra Perret. 

En este contexto, Hernández ordenó un cuarto intermedio que se extenderá hasta el 24 de abril a las 13 cuando se reanudará la audiencia preliminar. 

Esta es la segunda suspensión de la audiencia previa al juicio contra Puscama. El 8 de abril la defensa del acusado solicitó posponer el inicio. 

Lo cierto es que Puscama se resiste a un juicio abreviado a pesar de que su cómplice, Jessica Payalaf aceptó ese instituto el 14 de febrero cuando la Fiscalía y sus abogados defensores pactaron una condena a 18 años de prisión. 

La audiencia buscará acordar cuáles serán las pruebas que se van a debatir en el juicio y  qué cantidad de testigos van a comparecer. 

El caso es aberrante, Puscama y Payalaf intercambiaban imágenes y video con abusos hacia sus hijos que en ese momento tenían 9 y 2 años y medio.

El hecho salió a la luz en abril del 2026, cuando Gendarmería allanó dos viviendas en Malargüe y detuvo a la pareja que logró ser identificada porque son fans de la banda de rock Guns N' Roses y este fanatismo sirvió para identificarlos en las imágenes, ya que ambos tienen tatuajes del grupo estadounidense.

El 11 de abril del año pasado, el fiscal Andrés Giaroli imputó a ambos por los delitos mencionados. Luego ordenó el traslado de los dos detenidos desde la Comisaría 24 de Malargüe hasta la Penitenciaría de San Rafael

Los acusados eran vecinos y a pesar de la cercanía -vivían a dos cuadras uno del otro- para pasarse las imágenes, el hombre y la mujer usaban LINE una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles, PC y Mac. Y justamente en algunas de estas imágenes aparecen los tatuajes con los clásicos revólveres y flores que permitió identificar a la pareja.

En los allanamientos realizados por Gendarmería, porque el hombre acusado tiene familiares en la Policía de Mendoza, se secuestraron computadoras y celulares donde había decenas de imágenes y videos del momento en que se realizaban los abusos sexuales.

La investigación nació luego de reportes generados por una ONG, que está en Los Estados Unidos, y a la que reportan todas las empresas como Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, por infracciones a sus normas comunitarias relacionadas con explotación de niños.

En total eran 13 reportes que indicaban que se trataba de material novedoso en la red. En este caso eran reportes de dos empresas: Instagram y Google con un punto en común que era el mismo correo electrónico y las conexiones de IP, marcaban un prestador de internet que brinda servicio en Malargüe.

Las alertas son de febrero de 2022, pero los hechos habrían ocurrido en febrero y marzo de 2019.

En uno de los casos, se trataba de un hombre, que se filmaba abusando de su hijo/a , que en ese momento tenía 9 años . Este sujeto le compartía ese material, a través de la aplicación de mensajería instantánea que se llama LIME, a una mujer que a su vez, se filmaba abusando de su hijo/a de un año y 9 meses y le remitía el material a él.

Lo cierto es que Puscama, al que nunca se le vé la cara en esos videos,insistió con ir a un debate cuando su "pareja" admitió los delitos en un juicio abreviado. El hombre arriesga una condena que podría superar los 30 años de prisión.