Cargando...Inspectores de la Policía Minera clausuraron a la empresa Giménez Áridos y multaron a su dueño Mario Giménez en $26.000.000 por la explotación ilegal de una cantera de áridos ubicada en inmediaciones de la calle Tulio Angriman.
El procedimiento fue iniciado por la Policía Ambiental Minera, que durante una inspección constató actividad extractiva sin Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni inscripción de la mina de tercer categoría, como marca la ley.
Los inspectores acudieron al predio ubicado sobre el lecho del río y procedieron a la clausura inmediata de la explotación que realizaba la empresa a manos de Giménez. Asimismo se hizo la denuncia en la Justicia.
Allí mismo se labró un acta en la que se advirtió al responsable sobre la ilegalidad de su actividad y la necesidad de cesar operaciones de forma inmediata hasta regularizar su situación.
El responsable de la mina manifestó su intención de "llegar a un arreglo", actitud que fue rechazada por los agentes, que aclararon que se iban a realizar las acciones correspondientes. Posteriormente, en una reunión oficial en la sede de Minería de San Rafael, se le reiteró la imposibilidad de continuar con la explotación sin cumplir con la legislación.
Ante el incumplimiento persistente, la Dirección de Minería resolvió clausurar la mina e instalaciones asociadas, por infracción grave al Código de Procedimiento Minero (Ley 9529) e imponer una multa de $26.000.000 (equivalente a 2.600 UTM), conforme a la Ley Impositiva.
Asimismo, se decidió formular una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por la posible comisión de delitos y se notificó a las autoridades competentes, incluyendo la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Municipalidad de San Rafael, el Fiscal de Estado y el propietario superficiario del predio.
Al titular se lo intimó a presentar un plan de remediación ambiental en un plazo máximo de 30 días hábiles. Si no se cumple esta remediación y limpieza del área, la Autoridad Ambiental Minera podría inhabilitarlo para operar, inscribirlo en el Registro de Infractores y ejecutar las tareas de remediación y limpieza, y cobrárselas luego al infractor.
