Cargando...Las pistolas Taser ya están incorporadas como una herramienta más en la prevención del delito. El Decreto provincial 2155 publicado a inicios de mes habilitó su uso a todos los miembros de la Policía de Mendoza, ya que hasta ese momento sólo las podían utilizar las Fuerzas de Operaciones Especiales. La norma también aprobó un protocolo de uso y capacitación.
Además, este martes la Legislatura aprobó la ley que regula la creación de cuerpos de preventores municipales quienes también podrán usar estas pistolas eléctricas previa autorización y capacitación del Ministerio de Seguridad.
Recientemente el gobierno provincial compró 130 pistolas Taser de última generación que se sumarán a las 18 que ya tenía y que son de un modelo más viejo.
¿Qué es una pistola Taser y para qué sirve?
Taser es la principal marca de pistolas que disparan unos electrodos que emiten una descarga eléctrica para inmovilizar a una persona.
Las compradas recientemente pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente, uno de corto alcance y otro de largo alcance, para poder hacer una advertencia previa. Las anteriores cuentan con uno solo.
Además, vienen con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad de uso de la descarga eléctrica.
Según el Ministerio de Seguridad, emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de 5 segundos para inmovilización neuromuscular.
La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios, pero la gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios.
Cómo se usarán
El protocolo aprobado por el gobierno prohíbe disparar hacia la cabeza, cuello, rostro, entrepierna o torso superior, y se recomienda apuntar hacia áreas de mayor masa muscular.
Además, sólo pueden operar estos dispositivos efectivos con al menos dos años de antigüedad en la Policía, o tres años en el caso de civiles que trabajen como preventores o en seguridad privada, y deben estar certificados y habilitados por el Ministerio de Seguridad.
Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados. Y en situaciones críticas se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente.
