Cargando...Diarios pampeanos volvieron a la carga para reclamar por la construcción de tres reservorios de agua en San Rafael y cuestionar la decisión de Mendoza de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a entregar 3,4 metros cúbicos en territorio pampeano por el cauce del Atuel.
Se trata del anuncio del gobierno de Mendoza de construir el reservorio sobre el Canal Bombal (de 55 mil m3 y para 1.421 hectáreas) y el del Canal Seru Civit (para 81 mil m3 y 2.430 hectáreas) sobre la cuenca del Diamante, y en el Atuel el Canal Perrone (para 70 mil m3 y 5.333 hectáreas) que se harán con los fondos de Portezuelo del Viento.
En este escenario de conflicto permanente con la provincia, el gobierno mendocino más de una vez señaló "ese caudal no existe para cumplir con la Resolución de la Corte"
Según los tiempos de obra planteados en la licitación, se espera que los nuevos reservorios estén terminados entre mediados y fines de 2026.
En este contexto los diarios de La Pampa comenzaron cuestionar una vez más las decisiones del gobierno mendocino y uno de ellos El Diario de La Pampa publicó que "ya existen dos reservorios, uno en San Rafael en el Canal Vila y otro en Alvear en el canal Bosch" y agregó que en el caso del Río Atuel "la decisión de Mendoza se produce mientras no cumplen con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a entregar 3,4 metros cúbicos en territorio pampeano".
La CIDH aceptó demanda de La Pampa
A lo anterior se suma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la demanda que presentó la provincia de La Pampa en agosto pasado por el supuesto incumplimiento del fallo de la Corte.
El gobernador pampeano Sergio Ziliotto encabezó la conferencia de prensa en la que se hizo el anuncio.
La decisión la anunció este lunes en conferencia de prensa el gobernador Sergio Ziliotto, junto al rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar Alpa, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien elaboró la demanda, funcionarios provinciales y representantes de ONGs ambientalistas.
Gil Domínguez explicó que la Comisión Interamericana "resolvió entrar en la etapa de análisis de admisibilidad y le dio un plazo al Estado argentino de tres meses con la posibilidad de cuatro meses más".
Y "una vez que el Estado argentino conteste, la Comisión va a analizar los argumentos para pasar a la etapa de fondo donde determinará si el Estado violó o no el derecho humano a la protección integral del ambiente".
