Cargando...El procurador general Alejandro Gullé ha presentado un pedido al Tribunal de Enjuiciamiento de Mendoza para que destituyan a la fiscal penal de Malargüe, Andrea Lorente, por considerar que ha incurrido en irregularidades, incumplimientos, retrasos y mal manejo de causas que involucran abusos sexuales a menores, violencia de género y denuncias a funcionarios públicos.
Esta funcionaria también había sido cuestionada por el gobernador Alfredo Cornejo en su paso de este miércoles por San Rafael.
El gobernador Alfredo Cornejo cargó duro contra algunos jueces y una fiscal
Lorente está al frente de la Unidad Fiscal de Malargüe que incluye el área penal de menores y de tránsito, es decir es multifunción y abarca diversos delitos.
Esta denuncia está basada en una investigación interna del Ministerio Público Fiscal realizada entre el 25 de febrero y el 3 de marzo de 2024, que se inició a partir de una inspección de rutina del 20 de febrero de ese año de la coordinadora general de ese organismo que detectó las primeras irregularidades.
Qué es lo que se le cuestiona
El jefe de fiscales en su escrito elevado al tribunal, que tiene 32 páginas, argumentó que la doctora Andrea Lorente evidencia "desconocimiento del Derecho en varios casos" y "también el negligente cumplimiento de sus funciones".
Alejandro Gullé, jefe de fiscales.
En ese sentido, las consecuencias de esto "han sido particularmente graves" "en los casos en que las víctimas han sido niños, niñas y adolescentes y también en casos de violencia de género, abusos sexuales", que ha derivado en "la prescripción de delitos, dejando impunes a los responsables y desamparadas a las víctimas".
En otras causas en las que no se ha llegado a la prescripción de la acción, "la doctora Lorente no realizó ninguna investigación ni tomó ninguna medida de protección a pesar de que existían varias denuncias referidas a los mismos menores que ponían en evidencia la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban".
Gullé agregó que "también se encontraron irregularidades en la tramitación de causas de violencia de género donde la fiscal no actuó con la debida diligencia" y ejemplifica con "procesos en los cuales no se dispuso la detención del imputado a pesar de corresponder por existencia de condenas anteriores, como así también procesos en los cuales no se adoptó ninguna medida de protección hacia las víctimas, llegando incluso algunas causas a finalizar con pedidos de prescripción de la acción penal sin que se haya llevado a cabo ninguna actividad procesal".
Además, "se constataron indebidas concesiones de libertades a imputados con antecedentes penales a quienes hubiera correspondido la detención o la prisión preventiva".
El jefe de fiscal indicó que "también se verificaron causas sin ningún tipo de movimiento. En algunas de ellas, la víctima era la misma que denunció distintos hechos violentos, tales como amenazas con armas, cometidos por la misma persona y su entorno familiar. Se llegaron a efectuar más de seis denuncias sin que la doctora Lorente tomara ninguna medida ni con respecto a la víctima ni tampoco respecto de la imputada".
Por último, "tampoco tuvo la doctora Lorente ninguna diligencia en investigar hechos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Se observaron causas donde se denunció el uso personal de bienes pertenecientes al Estado y no se llevó a cabo ninguna actividad procesal tendiente a determinar la existencia de los hechos y la responsabilidad de las personas involucradas".
El jefe de fiscales concluyó de forma lapidaria que la fiscal "reiteradamente ha desatendido las obligaciones a su cargo, no sólo omitiendo sus deberes funcionales sino demostrando un grosero desconocimiento del derecho. De tal manera, el ejercicio de su función ha sido de manera contraria al interés y beneficio de la comunidad de Malargüe. Y ello ha sido así en la gran mayoría de las causas que debía investigar en el ámbito de su competencia funcional".
