El Senado de Mendoza aprobó por mayoría de votos el decreto que declara la Emergencia Aluvional y la Emergencia del Servicio Eléctrico. Tres senadores sanrafaelinos votaron en contra del proyecto.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contempla la ratificación del Decreto Nº 792/2025 y establece un plazo de vigencia de 14 meses para la emergencia eléctrica en toda la provincia y de un año para la emergencia aluvional en el sur provincial.
La semana pasada asistió a un plenario de comisiones la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez, brindaron detalles técnicos sobre el fenómeno climático que motivó la medida: la histórica crecida del Río Atuel ocurrida el 11 de enero, que provocó daños considerables en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y en la infraestructura vial, hidráulica y energética del Cañón del Atuel.
La iniciativa busca permitir que los ministerios involucrados actúen rápidamente para asistir a la población y reparar la infraestructura afectada por el evento inédito ocurrido en el Cañón del Atuel. Las presas estaban preparadas para un escurrimiento de hasta 600 m³/s, pero llegaron a circular hasta 1.400 m³/s en aguas abajo. Las centrales Nihuil II y III resultaron altamente dañadas", detalló la legisladora Jésica Laferte.
También subrayó que se instruyó a los ministerios de Energía, Ambiente, Infraestructura y Gobierno a realizar todas las acciones necesarias para ampliar de forma provisoria el sistema de transporte por distribución troncal en la región de Cuyo.
El senador sanrafaelino Martín Rostand expresó que su bloque no acompañaría la declaración, postura compartida por el senador, también por San Rafael, Pedro Serra, del bloque justicialista. Por el contrario, el senador Armando Magistretti, del Partido Demócrata, anticipó su voto positivo.
El cierre del debate estuvo a cargo del senador Martín Kerchner Tomba, quien defendió con énfasis la necesidad de avanzar con la medida: "Esta es una emergencia real, con impacto aluvional, hidráulico y eléctrico. El Gobierno actuó rápidamente y con previsión. Este decreto reúne tres aspectos fundamentales: declarar la emergencia, prorrogar plazos y habilitar concesiones para avanzar con soluciones concretas".
Durante su exposición, el senador recordó que ya en 2017, bajo la gestión del entonces gobernador Alfredo Cornejo, se había realizado la compra más importante de maquinaria vial e hidráulica de las últimas décadas. Esa previsión, aseguró, permitió dar respuesta con mayor rapidez a los efectos de esta tormenta extrema: "Hoy están trabajando en el sur más de 80 máquinas adquiridas en esa época. La planificación y el compromiso del Estado han sido claves".
Ahora el Gobierno podrá avanzar en obras, adquisiciones y contrataciones excepcionales para recuperar la infraestructura dañada, garantizar el suministro eléctrico y dar respuesta a una situación de emergencia que impactó a la Provincia.
Alcances de la normativa
El objetivo de la normativa es autorizar a los organismos intervinientes a realizar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, proteger la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio eléctrico en la región afectada.
Además de declarar ambas emergencias, el proyecto autoriza a los Servicios Administrativos de los Ministerios de Energía y Ambiente, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, así como a otras reparticiones involucradas, a aplicar lo dispuesto en el artículo 144, inciso d), de la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, para asistir a la población y a la infraestructura afectadas.
También se faculta al Ministerio de Energía y Ambiente y a la Subsecretaría de Energía y Minería a llevar adelante las acciones necesarias para la ampliación provisoria del sistema de transporte por distribución troncal en la Región Cuyo.