Cargando...Por dos votos a favor el Senado provincial otorgó sanción definitiva al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un marco legal con requisitos y criterios comunes para unificar competencias físicas en aquellos municipios que decidan involucrarse en este tema. La norma define las bases del sistema de prevención localizada y enmarca la participación de los gobiernos locales en tareas de seguridad comunitaria.
Durante la sesión, el senador David Sáez fue el encargado de explicar los alcances de la iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto establece un sistema complementario y voluntario, fundado en la proximidad comunitaria, la articulación institucional y criterios de prevención no represiva. Los municipios podrán adherir al régimen si así lo deciden, en un marco legal que respeta la autonomía local y permite una implementación progresiva.
Entre las funciones de estos cuerpos se contemplan tareas de disuasión, control, prevención y colaboración en el orden público, el tránsito, la gestión ambiental, eventos públicos, protección civil y asistencia ante emergencias. Además, podrán labrar actas de infracción, tomar denuncias, intervenir en situaciones de flagrancia, solicitar documentación e inspeccionar espacios, todo dentro de los límites estrictos que impone la ley.
Una de las principales aclaraciones realizadas durante el tratamiento del proyecto fue que el uso de armas de baja letalidad estará expresamente regulado. Solo podrán ser utilizadas si cuentan con la autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, y su empleo quedará reservado a personal capacitado y registrado, con formación específica brindada por el Instituto de Seguridad Pública. Se deberá contar con documentación acreditada, entrenamiento certificado y un registro formal en cada cuerpo local.
Durante el debate en el recinto, el bloque Justicialista votó en contra y denunció que la medida es "improvisada, inconsulta y sin respaldo operativo ni legal". El senador Mauricio Sat aseguró que "es un mamarracho jurídico" y acusó al Ejecutivo de transferir responsabilidades sin fondos ni planificación. "San Rafael necesitaría más de 800 agentes para cumplir la normativa. ¿De dónde saldría ese presupuesto?", cuestionó.
Qué establece el proyecto
Estos cuerpos no podrán portar armas de fuego y que cualquier procedimiento de aprehensión se limitará a situaciones de flagrancia, con inmediata entrega a las autoridades policiales y judiciales.
Cada municipio que adhiera deberá conformar una estructura jerárquica propia, designar personal especializado en seguridad pública y garantizar la capacitación continua del personal, con formación en resolución de conflictos, mediación, defensa personal y primeros auxilios.
La norma prohíbe el uso de simbología policial o militar, y exige una identidad institucional propia, con uniformes y emblemas diferenciados. Además, se promueve la articulación entre los cuerpos municipales, las fuerzas provinciales y federales, para fortalecer el trabajo conjunto, el intercambio de información y la coordinación de operativos.
Finalmente, la ley incorpora una modificación al artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, reconociendo expresamente la facultad de los municipios para organizar cuerpos de seguridad ciudadana y dictar las normas locales necesarias para su funcionamiento.
Se entiende por seguridad ciudadana al conjunto de estrategias, políticas y acciones articuladas por los gobiernos locales para asegurar la convivencia pacífica, el orden público, el uso seguro de espacios comunes y la prevención de delitos.
Con esta propuesta el Gobierno de Mendoza da un paso hacia la descentralización de las políticas de seguridad, con un enfoque comunitario y una fuerte impronta de proximidad con los vecinos, respetando siempre los límites establecidos por la legislación provincial y nacional.
