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Juan Grabois volvió a encender el debate político con una denuncia que resonó con fuerza en las redes sociales. A través de su cuenta de X, el dirigente de Patria Grande sostuvo que la inhabilitación perpetua impuesta a Guillermo Moreno constituye "un nuevo acto de proscripción política" y "la segunda pena de muerte civil contra un peronista decretada este año". El mensaje no solo pone en el centro del conflicto la situación judicial del ex secretario de Comercio, sino que además traza una radiografía sombría del presente institucional argentino
"La Corte Suprema baila al ritmo del poder", escribió Grabois, aludiendo a un entramado judicial que, según su mirada, responde a los intereses de los grupos concentrados. No se trata solo de una crítica circunstancial, sino de una acusación directa: el máximo tribunal sería el instrumento que garantiza la impunidad de ciertos actores y la persecución de otros. Para el dirigente social, esa Corte -a la que llamó "el triángulo de escribas"- habría protegido durante tres años al empresario Fred Machado, un nombre cargado de connotaciones por su vinculación con operaciones financieras irregulares y causas judiciales que aún generan controversia.
Pero lo más potente de su publicación no fue la denuncia judicial, sino la afirmación política que la acompaña. Grabois sostuvo sin medias tintas que "en Argentina no hay Estado de derecho", un diagnóstico extremo que refleja el nivel de desconfianza y desencanto que predomina en amplios sectores del campo popular frente al poder institucional. Según su lectura, las elecciones "se realizan bajo amenaza", lo que pone en cuestión la legitimidad del sistema democrático en su conjunto.
El dirigente fue aún más lejos al señalar que el Ministerio de Economía "lo maneja un fondo de inversión" y que "la soberanía del pueblo fue entregada a una potencia extranjera por unos meses de pax cambiaria". La acusación apunta al corazón del modelo económico del gobierno de Javier Milei, cuestionando la dependencia estructural del país frente a los intereses financieros internacionales. Grabois advierte que el actual esquema no solo profundiza la desigualdad, sino que despoja al Estado de su función esencial: garantizar la justicia social.
El texto es breve, pero cada palabra encierra un mensaje político contundente. Hablar de "pena de muerte civil" implica denunciar la exclusión sistemática de dirigentes peronistas del juego político mediante decisiones judiciales que, en lugar de buscar justicia, funcionarían como castigo ideológico. Es la resurrección del viejo fantasma de la proscripción, ahora bajo una forma más sofisticada: la inhabilitación perpetua, el expediente interminable, el fallo que cierra la puerta del sistema institucional.
En esa línea, Grabois no se presenta como un mero comentarista, sino como un militante que llama a la acción: "A los que tenemos Patria, creemos en el imperio de la ley y buscamos la justicia social, nos queda por delante una intensa resistencia". La frase final, casi épica, sintetiza el espíritu de combate del dirigente, quien desde hace tiempo se posiciona como una de las voces más críticas del poder económico y judicial. No es casual que hable de "resistencia" y no de "oposición": el término remite a una ética política, una forma de lucha que trasciende lo electoral y que interpela directamente a la historia del peronismo.
El mensaje de Grabois puede leerse también como un llamado a recomponer una identidad política en crisis. Frente a un escenario donde los resortes de la economía están condicionados por el capital financiero internacional y los tribunales parecen actuar con sesgo político, su denuncia busca reactivar la memoria de un movimiento que nació enfrentando precisamente esas formas de subordinación. La mención a "una potencia extranjera" -sin nombrarla, pero claramente referida a los Estados Unidos y al FMI- completa el cuadro de un país que, según su interpretación, ha perdido el control de su propio destino.
En el fondo, la publicación no solo defiende a Guillermo Moreno, sino que plantea una disyuntiva más amplia: ¿puede existir justicia social en un país donde las decisiones económicas se toman fuera de sus fronteras y las judiciales responden a intereses empresariales? La respuesta de Grabois es clara: no. Y su tono sugiere que, ante esa situación, el único camino posible es la organización popular y la resistencia.
Sus palabras irrumpen en un contexto de creciente conflictividad social, con salarios depreciados, despidos masivos y una política de ajuste que se disfraza de "orden fiscal". En ese escenario, el discurso de Grabois vuelve a ubicar la discusión en el plano político y moral: la soberanía, la justicia y el derecho no son meras abstracciones, sino condiciones concretas de existencia de una nación.
La inhabilitación de Moreno funciona entonces como símbolo, como un nuevo episodio de una historia más grande. La idea de "proscripción" reaparece como un signo de época: la imposibilidad de determinados sectores del pueblo de participar plenamente en la vida democrática. Grabois, al ponerle nombre y emoción a ese proceso, busca reinstalar un debate que la tecnocracia y los mercados prefieren evitar: el de la legitimidad del poder y el sentido mismo de la democracia argentina bajo tutela financiera.
Su advertencia final, "nos queda por delante una intensa resistencia", no es un simple eslogan: es una definición política. Implica reconocer que el conflicto está abierto y que, para una parte del país, la justicia ya no se busca en los tribunales, sino en la movilización popular. Una vez más, Grabois vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: cuando la justicia se arrodilla ante el poder, la resistencia deja de ser una opción y se convierte en un deber.
