Cargando...La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone la creación del programa "Mi Escritura".
El objetivo de esta iniciativa es facilitar el otorgamiento de escrituras traslativas de dominio a familias que, por diversas razones, no han podido completar esta etapa clave para consolidar el derecho de propiedad. La propuesta deberá ser revisada en Diputados.
La senadora Beatriz Galiñares, explicó que el proyecto surge del trabajo conjunto entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, y se articula con otras normativas como la regularización de loteos y la ley de colonización, aún en tratamiento en Diputados.
"La escritura pública, que en su origen era un trámite sencillo, se ha complejizado con el tiempo por la necesidad de planos aprobados, libre deuda de impuestos, y registros que muchas veces no existían cuando se entregaban las viviendas", detalló Galiñares. "Hoy tenemos entre 30 y 40 mil viviendas en condiciones de ser escrituradas, pero que no cuentan con el título de propiedad por estas trabas".
La legisladora explicó que, para revertir esta situación, la ley crea una unidad ejecutora entre el IPV y la Dirección de Gestión de Bienes Registrables que tendrá a su cargo el proceso de escrituración. Se prevé un financiamiento inicial ya presupuestado, y un sistema de recupero con pagos en cuotas accesibles para los adjudicatarios. "Una escritura que hoy cuesta más de 900 mil pesos, se podrá pagar en torno a 400 o 450 mil, financiados", agregó.
Además, se eliminan tasas por informes y registros, y se solicita la colaboración de municipios y entes autárquicos como Aysam o por el Departamento General de Irrigación para permitir la escrituración incluso con deuda, siempre que se formalice un plan de pagos.
"Contemplamos también casos de asociaciones o cooperativas disueltas o inactivas, en los que el IPV podrá actuar con poderes especiales para firmar escrituras, o solicitar el levantamiento de inhibiciones judiciales para facilitar el trámite", explicó Galiñares. "Es una herramienta clave para que muchas familias mendocinas puedan finalmente disponer de su propiedad, venderla, ampliarla o transferirla".
Por su parte, la senadora Adriana Cano, jefa de bloque del Partido Justicialista, adelantó el acompañamiento de su bancada a la propuesta y destacó la apertura al diálogo y las modificaciones consensuadas durante el debate legislativo. "Valoramos esta iniciativa que apunta a saldar una deuda con miles de familias, y reconocemos la predisposición para mejorar el texto con aportes que enriquecen la normativa", señaló.
Alcances del proyecto
Está dirigido a inmuebles que cumplan con al menos una de estas condiciones, están alcanzados por la Ley Nº 8.475 y su modificatoria, la Ley Nº 9.602, sobre regularización dominial y saneamiento de títulos; propiedades cuya titularidad registral pertenezca al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); y aquellas pertenecientes a entidades intermedias en las que el IPV haya intervenido como dador de créditos.
La implementación estará a cargo de escribanos regularizadores o de Registros Públicos, según cada caso, pertenecientes a la Provincia de Mendoza.
El proyecto faculta a organismos centralizados y descentralizados de la Provincia a realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar el desarrollo del programa. Además, contempla la posibilidad de solicitar el levantamiento de inhibiciones u otras medidas cautelares que impidan el otorgamiento de escrituras, únicamente con este fin.
Las escrituras otorgadas en el marco del programa estarán exentas del pago de tasas como el Certificado de Libre Deuda y la Inscripción Registral, establecidas en la Ley Impositiva Anual. El escribano podrá autorizar el trámite incluso si existen deudas, siempre que se expliciten y el beneficiario asuma la obligación de pago, sin responsabilidad para el profesional interviniente.
La normativa invita a la empresa Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM (AySAM) y a los prestadores de servicios de agua potable a adherir a los beneficios de la ley, incluyendo la exención del derecho de transferencia. También se contempla la posibilidad de escriturar con deuda asumida por el beneficiario.
De igual modo, se convoca a los Municipios de la provincia a adherir a la ley con el mismo objetivo: permitir la eximición de aranceles y la escrituración aun con deudas registradas. La invitación se extiende también al Departamento General de Irrigación.
Para optimizar los recursos y facilitar un abordaje multidisciplinario, se faculta a la autoridad de aplicación a firmar convenios con colegios profesionales y otros organismos públicos o privados, de acuerdo con la normativa provincial vigente en materia de escrituración.
Con la sanción del Senado, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento final. Si se aprueba, se pondrá en marcha una herramienta que permitirá avanzar en la regularización dominial de miles de viviendas en Mendoza.
