Cargando...La Cámara de Diputados dio media sanción por mayoría, al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se ratifica el Decreto Nº 1165, que contiene el convenio firmado entre Vialidad Nacional y la Provincia para la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de rutas nacionales.
Por este convenio, Vialidad Nacional encomienda y cede a la Provincia la realización de estas tareas en distintos tramos de tres rutas de jurisdicción nacional: Ruta Nacional N° 7 - tramo Palmira - Nudo Vial (Av. Costanera) -Recorrido 28,9 Kms; Ruta Nacional N° 40, tramo calle Azcuénaga (Acceso Sur) - Empalme RN7 (Acceso Este) - Recorrido 16,2 Kms; Ruta Nacional N° 40 - Tramo empalme RN N° 7 F.F.C.C. Gral. San Martín - Recorrido 7 Kms; Ruta Nacional N° 40 - Tramo empalme RN N° 7 - RP N° 96 (Calle El álamo) - Recorrido 50,8 Kms; Ruta Nacional N° 143 - Tramo Pareditas - San Rafael - Recorrido 109 Kms.
Este decreto señala que "la Provincia realizará las tareas descriptas en el Convenio por administración o por el sistema de gestión de contratación y certificación que estime más conveniente, conforme a la legislación provincial vigente" y que además, "aportará el financiamiento para el citado Convenio, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional. Por su parte, la Provincia podrá gestionar por ante el Poder Ejecutivo Nacional la adopción del sistema de gestión de concesión por peaje de los tramos de rutas descriptos".
De la misma manera, establece que la Provincia realizará el estudio de impacto ambiental de acuerdo a la Legislación Nacional y Provincial, y que la vigencia de este documento regirá desde la fecha de aprobación y por el plazo de 36 meses, y /o la naturaleza y complejidad de las obras justifiquen la ampliación del plazo de vigencia.
La votación resultó aprobada por 28 votos positivos del interbloque Cambia Mendoza, el diputado Mauro Giambastiani (MM), Mauricio Torres (HxM), Gustavo Cairo (LLA), Laura Balsells Miró y Stella Huczak (PRO). En tanto 12 fueron negativos - interbloque PJ, Emanuel Fugazzotto (PV), y los diputados Jimena Cogo, Jorge Difonso, Cintia Gómez y Rolando Scanio, de LUM -, 2 abstenciones - Julio Villafañe (RJ) y Edgardo Civit (PJA) - y 5 ausentes.
Los votos negativos
Germán Gómez (PJ), consideró que se trata de desvirtuar y desnaturalizar los propósitos que buscaba en su momento la reparación histórica de los daños sufridos por la promoción industrial. Además, criticó que se le imponga a los municipios la realización de las colectoras, indicó que "hubiese sido mejor que en el plan federal de concesiones, que va por la tercera etapa, estuviesen varias rutas provinciales", y afirmó que "no estamos en contra de las obras públicas, queremos que las rutas se hagan pero no de esta manera, no somos partidarios de los peajes", subrayó.
Emanuel Fugazzotto (PV) consideró que el proyecto "carece de todos los argumentos técnicos sólidos para poder discutirlos". "Hoy estamos ratificando este decreto sin conocer los estudios técnicos, sin conocer qué acciones se llevaron adelante ante el Gobierno Nacional para exigir la reparación de estas ruta" y "sin los dictámenes presupuestarios que avalen la disponibilidad del gasto", remarcó, a lo que sumó que "no estamos en contra de que se arreglen las rutas, sino que estamos ante un acto de sumisión" porque "lo terminarán pagando todos los mendocinos".
José Luis Ramón (CxC) opinó asimismo que se les está imponiendo a los mendocinos dedicar fondos "para solventar obligaciones que tienen el gobierno nacional y Vialidad Nacional. Se debería haber hecho un juicio para que se hicieran cargo de sus obligaciones, pero se está yendo por la vía más fácil", añadiendo que "se les cobrará peaje a los mendocinos, y se obligará a los intendentes a realizar las colectoras. No se está cuidando los derechos de los ciudadanos y consumidores, quieren imponernos un peaje".
Juan Pablo Gulino (PJ), a su turno, manifestó que "no vamos a votar afirmativamente, no porque no queremos que se hagan las cosas, pero es muy fácil agarrar la plata que tenemos como un ahorro de los mendocinos y usarla de esta manera, y esta plata no volverá rápido; vamos a invertir esa cantidad de recursos que son de un fondo que debería servir para la inversión productiva y para viviendas, en vez de hacer rutas y cobrar peaje a los mendocinos".
Jimena Cogo (PRO), fundó su voto negativo expresando que "hay una desviación de fondos reales" y que "hay una discriminación territorial, una profundización de las asimetrías en nuestra provincia. Hay un riesgo patrimonial a nivel provincia, porque se asumen obras sin garantías de reintegro, asumiendo clausulas leoninas".
De igual manera, Verónica Valverde (PJ), dijo que "hay que pelear con la Nación por los fondos de los mendocinos. No sabemos bien cómo funcionará el peaje y a quienes apuntará. Hay una gran contradicción en este Decreto".
Jorge Difonso (LUM) se opuso al proyecto considerando que "son imposiciones que terminan pagando los ciudadanos. Bienvenido que Mendoza empiece a recuperar terreno perdido en infraestructura vial, pero la forma debe estar en consonancia con lo que dice la Constitución Nacional, de forma federal, participativa y transparente. Ese fondo que iba a ser adjudicado para una cosa va variando".
