Cargando...La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por mayoría de votos el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Decreto Nº 1165, mediante el cual se formaliza un convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia para la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de rutas nacionales en territorio mendocino. Ahora sólo resta su promulgación por parte del Ejecutivo provincial.
Se trata de las obras que se realizarán con fondos de "Portezuelo del Viento", en la Ruta Nacional 7 entre Palmira y el nudo vial de Costanera (28,9 km), varios tramos de la Ruta Nacional 40 que totalizan más de 74 kilómetros en el Gran Mendoza, y la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael, con una extensión de 109 kilómetros.
Desde la oposición, algunos senadores expresaron reparos respecto al alcance y al enfoque del acuerdo. El senador del Partido Verde, Dugar Chappel, consideró que la medida implica asumir responsabilidades que corresponden al Estado nacional y cuestionó que se utilicen fondos provinciales para ese fin.
Desde el PRO, Germán Vicchi informó que su bloque optaría por abstenerse en la votación, al considerar que el convenio no aclara suficientemente los mecanismos futuros de financiamiento ni los criterios de asignación de responsabilidades.
También hubo observaciones desde el peronismo, donde algunos legisladores acompañaron el proyecto reconociendo la urgencia de las obras, pero advirtieron sobre el riesgo de convalidar el desentendimiento del gobierno nacional respecto al estado de las rutas.
El cierre del debate estuvo a cargo de la senadora Natacha Eisenchlas, quien planteó una defensa política y conceptual del convenio. Señaló que, mientras gran parte de la sociedad reclama soluciones frente al deterioro de la infraestructura vial, desde algunos sectores de la oposición se obstaculizan decisiones que permitirían avanzar con obras largamente postergadas.
Alcances de convenio
El acuerdo implica la cesión a la Provincia de la responsabilidad sobre distintos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, que atraviesan zonas estratégicas de Mendoza. Las tareas contemplan desde la ejecución de obras hasta el mantenimiento integral de esos corredores viales.
Será la Provincia la encargada de llevar adelante los trabajos, ya sea por administración directa o mediante sistemas de contratación acordes a la legislación local, sin que ello genere compromisos de reembolso por parte del organismo nacional. Además, se establece que las intervenciones deberán ajustarse a la normativa técnica vigente de Vialidad Nacional.
El convenio contempla también la posibilidad de que Mendoza gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de un sistema de concesión por peaje para los tramos involucrados, como alternativa de sostenibilidad financiera, pero se implementarán, una vez terminadas las obras.
En cuanto a los aspectos ambientales, se prevé que la Provincia realice los estudios de impacto correspondientes, conforme a las normativas nacional y provincial vigentes. La vigencia del acuerdo será de 36 meses a partir de su aprobación legal, con posibilidad de prórroga en función de la complejidad y alcance de las obras proyectadas.
