A solo tres meses de su creación y cuando las investigaciones de la Justicia, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, están en plena recolección de pruebas, el Gobierno Nacional eliminó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por el presidente Javier Milei con el fin de examinar las denuncias sobre la "difusión" de la criptomoneda $LIBRA, por haber cumplido con "la tarea encomendada", de acuerdo al argumento expresado en el texto.
La oposición busca quedarse con la presidencia de la comisión $LIBRA para activar la investigación a los Milei
Esta determinación fue publicada en el Boletín Oficial, este martes, a través del Decreto 332/2025 firmado por el Presidente de la Nación y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y se da en medio de la puja de la oposición por quedarse con la presidencia de la comisión $LIBRA para activar la investigación a los Milei, que continuará este miércoles, en el Congreso.
"El Gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25", sostiene el texto oficial.
El pasado 14 de febrero, el memecoin fue promocionado por el Presidente de la Nación desde sus redes sociales personales y generó decenas de pérdidas millonarias de las personas que invirtieron en la moneda digital.
Días después, el proyecto cayó al mismo tiempo que sus creadores se retiraron del mismo y la criptomoneda perdió el valor que habían anunciado; las personas damnificadas calificaron el hecho como una "estafa virtual" (rug pull) donde los creadores de una moneda cripto, abandonan el proyecto rápidamente, luego de quedarse con los fondos de quienes invirtieron.
Paralelamente, en Estados Unidos hay una demanda colectiva que acusa a Milei de llevar adelante "una promoción engañosa"; además, es señalado por haber actuado con "negligencia" porque sin la difusión pública que brindó, no se hubieran podido llevar a cabo dichas inversiones.
A pesar del cierre de la UTI, la investigación penal continuará en el Ministerio Público Fiscal para saber si hubo delitos económicos o conflictos de intereses vinculados a funcionarios del Ejecutivo Nacional. Por el momento, no se publicaron datos ni información oficiales sobre lo investigado por la Unidad de Tareas.