Abel Ayala tiene 11 años, nació con una discapacidad motriz y retraso madurativo que consta en el Certificado de Discapacidad que le otorgaron para obtener la cobertura médica y otros beneficios que lo ayuden a mejorar su calidad de vida.
El niño asiste a la escuela Efrain Dante Gicolini y tiene la cobertura social de OSECAC que generó su madre al tramitar el Monotributo Social, pero mantener ese servicio depende de el Certificado de Discapacidad que emite Nación que también lo habilita a cobrar la pensión que actualmente es de $300.000.
Lo cierto es que ese certificado se venció en junio del 2024 cuando estalló el escándalo de las pensiones truchas y el gobierno nacional inició una Auditoría.
A Abel le prorrogaron el certificado hasta el 19 de febrero del 2026 con la condición de que iniciara los trámites para su renovación.
Sin embargo pasó el tiempo, los padres acercaron toda la documentación y la prórroga venció. Por ese motivo, Abel no puede volver a hacer sus terapias de rutina, se quedó sin cobertura para la compra de medicamentos y pañales, no sabe si cobrará la pensión en marzo.
