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El Gobierno presentó un proyecto de reforma laboral que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y Fondo de Cese Laboral, dos mecanismos que buscarán cambiar el catual esquema de indemnizaciones. En medio de la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso y la publicación oficial de los diez proyectos de ley tras la reunión del Consejo de Mayo, se supo qué pasará con este esquema para el empleado y el empleador.
El FAL tiene que ver con un régimen obligatorio por el cual las empresas deberán aportar el 3% de su masa salarial para constituir un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Según lo que difunden los impulsores de la medida, el cambio no modificará el monto que recibe el trabajador: la indemnización deberá seguir siendo comparable a la actual y a las firmas que se adhieran se les aliviará una parte de las cargas patronales habituales: el mismo 3% que destinarán al fondo.
El objetivo del plan es convertir el pago por despido en un esquema de "ahorro previsible": en vez de que la empresa deba afrontar de un salto una indemnización al momento del despido, se distribuye ese costo en cuotas durante el vínculo laboral.
Más allá del Fondo de Asistencia Laboral, el proyecto contempla otro mecanismo: los Fondos de Cese Laboral, similares a los que ya existen en ciertos sectores como la construcción. Bajo ese régimen, los empleadores -y a veces los trabajadores- aportan a una cuenta individual desde el inicio de la relación laboral. Si se produce un despido, el trabajador puede cobrar desde ese fondo.
Estos fondos serán administrados bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y otros organismos estatales, lo que le da un marco legal supervisado. Hasta ahora, este mecanismo es opcional: requiere un convenio colectivo o acuerdo particular entre empresa y sindicato para implementarlo.
Reforma laboral: por qué el Gobierno defiende el Fondo de Asistencia Laboral y el Fondo de Cese Laboral
La idea oficial detrás del fondo -ya sea de Asistencia Laboral o de Cese- es brindar previsibilidad a los empleadores: al transformar un gasto contingente -como un posible despido- en un pasivo sistematizado, las empresas podrían planificar mejor, lo que en teoría incentiva la contratación formal.
Desde el Ejecutivo, se sostiene que el esquema moderniza un sistema que hoy "frena" la creación de empleo formal, especialmente en pymes, argumentando que muchas empresas pequeñas no pueden afrontar de un día para otro el costo de una indemnización grande.
Además, el cambio busca reducir la litigiosidad laboral. Según se supo, con un fondo ya constituido, cada despido no demandaría largas negociaciones o juicios para calcular indemnización.
