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El Gobierno de Javier Milei le descontará el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro general que la CGT convocó para este jueves 19 de febrero contra la reforma laboral.
La respuesta del oficialismo llega tras la decisión del gremio de realizar una huelga nacional.
El paro de 24 horas fue programado para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral luego de la media sanción en Senadores.
A diferencia de otras protestas, esta vez la CGT decidió no realizar una movilización masiva al Congreso, apostando por una paralización total de actividades que se sentirá con fuerza en las calles.
"Están avisados: día que no se trabaja, día que no se paga", sentenciaron desde el Ejecutivo nacional. La decisión sigue la línea del "protocolo antipiquetes" y la política de austeridad del oficialismo, que ya ha aplicado descuentos similares en paros anteriores.
El conflicto
El malestar sindical escaló tras la incorporación de un artículo en el proyecto de ley que propone reducir el pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Además, la central obrera rechaza:
- Las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales.
- Los cambios en el sistema de indemnizaciones.
- La implementación del "banco de horas" y las modificaciones en el régimen de vacaciones.
Mientras la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció que, a diferencia de la CGT, ellos sí marcharán al Congreso, el país se encamina a una jornada de alta volatilidad política donde el destino de la reforma laboral pende de un hilo en el recinto parlamentario.
