Cargando...La jueza penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, la magistrada que tomó la decisión de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso durante la movilización por los jubilados, defendió su resolución y aseguró que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
Andrade, que fue criticada por el gobierno nacional, aseguró en diálogo con la periodista María O'Donnell en Urbana Play: "No fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse".
La jueza sostuvo, además, que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía, porque no entregó pruebas ni pidió medidas en la causa en el marco de una causa que rige bajo el sistema acusatorio.
Ayer, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo que más de la mitad de los detenidos tenía graves antecedentes penales. En tanto, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, cuestionó la resolución de Andrade y lamentó que la Justicia haya liberado en tiempo récord a la mayoría de las personas.
"Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada", sostuvo el funcionario nacional.
En otro pasaje del reportaje, la magistrada señaló: "En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada", e insistió en que, según su análisis, las detenciones se dieron en el marco de una movilización cuyo ejercicio está protegido por la Constitución Nacional. "Mi función era el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales", enfatizó.
"Esto merecía una respuesta rápida con los elementos que tenía, y no se cumplían los requisitos básicos de información al juez", aseguró.
