Cargando...El Tribunal Oral Federal 7 evaluó hoy los pedidos de casi 50 imputados en la causa Cuadernos que buscan un acuerdo económico para evitar ir a juicio, previsto para el próximo 6 de noviembre.
La audiencia, que se realizó de manera virtual, fue a pedido de la fiscal general Fabiana León, quien planteó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli la necesidad de un espacio para que defensores de empresarios y exfuncionarios detallen sus argumentos. Allí, León rechazó el pedido de los empresarios de pagar para evitar el juicio. El próximo martes, cuando se reanude la audiencia, el Tribunal deberá tomar una decisión final.
"Esta fiscalía no vende impunidad, señores jueces", apuntó León en su pedido para que el tribunal rechace el ofrecimiento económico de los 38 empresarios. La ofrenda es para evitar el juicio y la exposición público. Algunos llegaron a ofrecer más de 800 millones de pesos.
León pidió hoy rechazar el ofrecimiento de cientos de millones realizado por un grupo de empresarios que forman parte de los 174 acusados en la causa cuadernos, rumbo al inicio del juicio previsto para el 6 de noviembre próximo. Juan Abal Medina, exjefe de Gabinete kirchnerista, ofreció 60 millones de pesos para evitar ir a juicio.
En la audiencia previa, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, también solicitó rechazar los ofrecimientos. En la misma línea se expresó el chofer Oscar Centeno. Ahora deberá resolver el tribunal.
Se estima que el proceso judicial podría durar entre 10 y 20 años, según pudo saber TN. El juicio contra Cristina Kirchner, apuntada como la cabeza de una asociación ilícita, comienza el próximo 6 de noviembre.
La causa tiene 174 procesados, 30 de ellos en calidad de arrepentidos, 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada uno y un total de 540 hechos bajo la lupa.
El punto planteando por las defensas de los empresarios que buscan el acuerdo económico es que un juicio con esa cantidad de acusados, que prevé audiencias semanales y más de 600 testigos podría extenderse por años, incluyendo la etapa de apelaciones y la revisión final de la Corte Suprema.
En ese marco, pidieron que opine la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal.
Algunos de los empresarios que se presentaron son Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos De Goycochea, César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián Ezequiel García Ramón,Sergio Taselli, entre otros.
Según trascendió, Taselli ofreció 10 mil dólares y Pescarmona 500 millones de pesos. Mientras que Clarens, financista de los Kirchner, ofreció un barco y un departamento en Estados Unidos por un valor equivalente de 1,5 millones de dólares.
La reparación del daño es una herramienta prevista en el Código Penal y permite extinguir la acción penal una vez que se abona el monto equivalente al daño generado por el delito, evitando así el juicio.
A diferencia del juicio abreviado, donde el imputado reconoce los cargos y acuerda una pena con la fiscalía, la reparación no exige admisión de culpa. En caso de que los jueces acepten la propuesta de los empresarios, quedarían sobreseídos.
Durante la sesión de hoy, el TOF 7 escuchó a los empresarios para que amplíen sus posturas. Luego, intervino la fiscal León, y finalmente el tribunal tomará una decisión final el próximo martes, cuando se retome la audiencia.
La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.
El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.
El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.
El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.
