Ya rige la nueva ley que agiliza los desalojos de las casas del IPV

Desde este martes ya rige la ley que agiliza los desalojos de las casas que construye y adjudica el IPV que fue aprobada en la Legislatura. 

El gobernador la promulgó y fue publicada en el Boletín Oficial. La nueva normativa modifica la Ley Nº 4203  y establece que el directorio del organismo habitacional dictará un reglamento específico para fijar precios, alquileres, reajustes, adjudicaciones y desadjudicaciones de casas sociales, contando ahora con una vía judicial directa y preferencial para recuperar las propiedades.

La reforma introduce el juicio monitorio como la herramienta procesal para tramitar las demandas del IPV contra los beneficiarios desadjudicados. A partir de esta modificación del artículo 232 de la Ley Nº 9001 , las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el instituto adquieren el carácter de título hábil suficiente para iniciar la demanda civil, equiparándose el trámite al de los desalojos derivados de la falta de pago o vencimientos de contratos de locación y comodato.

Las nuevas reglas especiales del artículo 237 determinan que para acceder al proceso monitorio, el IPV solo debe acompañar la resolución administrativa firme que dispone la quita de la vivienda y la orden de restitución, debidamente firmada por la autoridad competente. La ley valida las notificaciones realizadas en el domicilio bajo los parámetros de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que impide a los ocupantes dilatar los plazos judiciales alegando fallas de comunicación.

Un cambio clave de la normativa establece que la interposición de recursos administrativos por parte del adjudicatario afectado no suspenderá automáticamente los efectos del juicio monitorio ni paralizará el desalojo.

Recordemos que Gustavo Cantero, presidente del IPV, había revelado a finales de junio en Vibra FM (100.3) que tenían 28 viviendas en la provincia en condiciones de sacar resolución de desadjudicación pero estaban esperando hasta que la nueva ley se reglamentara y esté publicada en el Boletín Oficial para poder llevar adelante la medida.