El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, dijo en diálogo con Vibra FM (100.3) que la decisión que impide seguir con los celulares en las cárceles "implica cerrar definitivamente la discusión del tema en la provincia".
Como adelantó Info YA!, el máximo tribunal mendocino rechazó los recursos que cuestionaban el retiro de los teléfonos móviles y ahora sólo queda la opción de ir a la Corte Suprema de la Nación.
El Ministerio Público Fiscal se quejaba de que el retiro de los celulares ordenado por un juez de garantías el 7 de octubre pasado estaba condicionado a la instalación de telefonía fiscal pública o semipública en cada pabellón. Y el Ministerio Público de la Defensa y la ONG "Verdad y Justicia" cuestionaban mediante un habeas corpus la decisión de sacar los teléfonos móviles.
Garay explicó que "lo que se discutió en la Corte fue esa condición de poner telefonía fija, nosotros pedimos informes y las empresas de telecomunicaciones nos dijeron que no podían poner ese tipo de telefonía porque ya no existe esa tecnología".
Ante ello se dictaminó "que no se puede condicionar el retiro de los celulares que están prohibidos por ley al uso de tecnología que no existe, entonces le dijimos al Servicio Penitenciario que garantice la comunicación de otra manera y se mantuvieron las excepciones que el mismo juez de garantías dispuso, que son los casos de urgencias donde el Servicio tiene que darle la posibilidad de contactarse por celular, telefonía fija o streaming. Y en el caso de las mujeres que tienen hijos menores se mantuvo la posibilidad de tener un celular para conectarse".
El magistrado manifestó que "la ley mendocina es muy clara, no puede haber celulares en las cárceles" y recordó que "esto se flexibilizó en la pandemia porque se prohibieron las visitas presenciales de todos los familiares de los internos. Pero terminada la pandemia ese habeas corpus fue revisado por el juez que lo dictó y dijo que hay que volver al marco legal vigente. Lo que nosotros exigimos al Servicio Penitenciario es que el restablecimiento de las visitas tiene que ser pleno como condición para retirar los celulares".
No obstante, el presidente de la Corte remarcó que se mantendrá una alternativa de comunicación para cuando los internos tengan que comunicarse por alguna emergencia con su familia.
"Le hemos planteado al Servicio Penitenciario que tiene que proveer la mayor conectividad de internet en las cárceles y poner dispositivos al que puedan tener acceso los internos de manera controlada. Pueden pedir y se le tiene que dar la posibilidad de esta comunicación".
Respecto al 7 de abril como fecha límite para sacar todos los celulares, Garay explicó que ese día se cumplen los seis meses que estableció la orden judicial del 7 de octubre.