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El juez Sebastián Sarmiento que enfrenta un Jury de Enjuiciamiento que fue promovido tras una serie de denuncias que acompañó el diputado sanrafaelino Franco Ambrosini por mal desempeño en su cargo rompió el silencio y emitió un comunicado donde anunció haber pedido la nulidad del proceso.
La causa contra Sarmiento se originó a partir de una serie de fallos que generaron fuerte polémica pública, entre ellos resoluciones que beneficiaron a personas privadas de la libertad que luego reincidieron en delitos graves. Uno de los casos más citados es el asesinato de un policía retirado en Guaymallén, otro el abuso sexual de una menor en San Rafael cometido por un hombre condenado y beneficiado con salidas por el mismo juez.
Asimismo el gobernador Alfredo Cornejo apoyó el inicio del Jury cuando cuestionó severamente las decisiones tomadas por Sarmiento.
En este contexto mientras se desarrolla el trámite del Jury, el juez emitió un comunicado en el que expresó que "Ante la resolución adoptada por el Jury de Enjuiciamiento que dispuso la continuidad del proceso y mi suspensión preventiva, considero oportuno realizar esta comunicación con el debido respeto por las instituciones y con el objetivo de aportar una visión contextualizada de la situación. Desde el inicio del trámite he mantenido una actitud de colaboración y apego al marco institucional".
Asimismo agregó que "al contestar la denuncia, dejé expresamente consignado, y así surge de las presentaciones incorporadas al expediente, que la adopción de una decisión de esta naturaleza requería la consideración previa de pruebas fundamentales ofrecidas por esta parte, destinadas a contextualizar adecuadamente las decisiones jurisdiccionales cuestionadas y a desvirtuar los hechos alegados. Dichas pruebas incluyen informes estadísticos oficiales que acreditan mi nivel de producción jurisdiccional desde 2018, antecedentes jurisprudenciales coincidentes con los criterios aplicados, informes institucionales del Ministerio Público Fiscal y del Servicio Penitenciario, y testimonios técnicos de magistrados y especialistas del fuero".
Para el magistrado suspendido "hasta el momento, estos elementos no han sido incorporados ni valorados, pese a su relevancia para una decisión debidamente fundada".
Y afirmó en forma contundente que "en este contexto, he formulado un planteo de nulidad de carácter estrictamente técnico respecto del acta que dispuso la continuación del juicio y la suspensión preventiva, en atención a que dicho instrumento no consigna de manera expresa los fundamentos de la decisión adoptada ni el voto individual de cada uno de los miembros del Jury, extremos que la normativa aplicable exige para actos de esta trascendencia institucional".
Y explicó que "el planteo se orienta a resguardar la debida documentación, motivación y constancia de la votación nominal, no como un cuestionamiento personal o institucional al Tribunal, sino como una herramienta destinada a fortalecer la regularidad, validez y legitimidad del procedimiento, en resguardo de las garantías propias del debido proceso".
En el mismo comunicado apuntó al titular del Ministerio Público Fiscal , Alejandro Gullé y dijo que "resulta asimismo relevante considerar que, en los casos analizados, el Ministerio Público Fiscal no promovió objeciones oportunas y que, en uno de ellos, prestó conformidad expresa para el otorgamiento de la libertad anticipada, extremos que forman parte del contexto institucional en el que se dictaron las resoluciones cuestionadas. La preservación de la independencia judicial y el pleno respeto del debido proceso constituyen exigencias constitucionales e internacionales".
Para finalizar expresó que "Su inobservancia en procedimientos disciplinarios puede generar responsabilidad internacional para el Estado, circunstancia que ha sido señalada por los organismos internacionales de derechos humanos, incluso en el marco de la reciente 83ª sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde se formularon referencias vinculadas a mi situación funcional. Reitero mi disposición a continuar colaborando con el Jury de Enjuiciamiento, con apertura y buena fe, en la búsqueda de una solución institucional adecuada que resguarde tanto mis derechos como la confianza pública en el sistema de justicia".
El Jury continua su proceso, ya se notificó a las partes y se abrió la causa a prueba durante 30 días. El juicio político podría culminar con la destitución del magistrado.
