Cargando...Alfredo Cornejo anunció el jueves 1 de mayo durante el inicio en el discurso de la Asamblea Legislativa que construirá una cárcel destinada a los pequeños delitos.
"Se construirá una cárcel más en el predio de Cacheuta, destinada a pequeños delitos. No habrá excusas para evitar detener o dejar aprehendido a un sospechoso de delito, sea por un hurto simple o un robo agravado. Queremos una política criminal firme y estricta sobre estos delitos al igual que sobre los más graves como homicidios y robos agravados por armas", anunció gobernador.
El robo de celulares es uno de los delitos reincidentes que el Gobierno pretende frenar con este tipo de condenas cortas que se cumplan de manera efectiva en el nuevo penal. En el Sistema Penitenciario aseguran que entre el 18% y el 20% de las condenas que se dan en Mendoza son por esos delitos pequeños.
Por eso pretenden que esos condenados efectivamente cumplan la pena en prisión y se sumen a programas para reformar su conducta.
Puertas adentro del Gobierno saben que este tipo de delitos -como es el robo de celulares, el de ruedas, el arrebato en plena calle o algunos casos de robos menores- elevan la indignación de los mendocinos que son víctimas de ellos. Y, por otro lado, como se trata de delitos que en su mayoría terminan en condenas excarcelables, le dan al delincuente un sentimiento de impunidad que hay que combatir.
Si bien Cornejo apuntó a quienes cometen robos simples, en ese porcentaje de condenas cortas hay un alto índice de casos de violencia de género, "y hay que frenarlos antes de que alguno termine en femicidio", advierten.
Cómo y dónde se levantará la nueva cárcel de Cacheuta
Se trata de un penal de unas 400 camas que se construiría entre las dos naves que conforman hoy el complejo de Almafuerte I y II. Allí, en medio de las dos cárceles, se proyectan 8 pabellones con capacidad de unos 48 presos cada uno. Como se trata de un penal para presos primarios, que se hayan iniciado con delitos menores, está previsto que tenga una renovación permanente de los internos que pasen por allí.
Cada pabellón contaría con un patio interno y uno abierto y con su correspondiente sala de máquinas. Además, tendría un patio y una Sala de Usos Múltiples (SUM) de visitas y tres ingresos para concretar las requisas a esos visitantes.
Como se trata de una cárcel definida como de baja complejidad (en la clasificación del Sistema Penitenciario sería una cárcel de categoría C), no requerirá de un sistema de seguridad como el que tiene la cárcel de máxima seguridad. Por eso se proyecta apoyar una de las caras sobre el perímetro de seguridad de Almafuerte II y sólo se tendrá que levantar un cierre perimetral para 3 caras de la nueva construcción.
La nueva cárcel también exigirá una reforma legal
Para poblar la nueva cárcel con los autores de esos delitos menores, Cornejo también deberá impulsar una reforma de la ley de Ejecución Penal, que afecte a aquellas condenas efectivas de entre 1 y 3 años.
Esa norma supone que cualquier persona que ingrese a la cárcel, ya sea por una condena de un año o de 8 meses, tiene que pasar por el Organismo Técnico Criminológico, que es quien elabora un diagnóstico del perfil de ese interno y de eso dependerá definir en qué programa se lo puede sumar.
"Si hoy esperamos esos tiempos, esa persona que fue condenada a una pena corta por un delito menor, se fue del sistema sin tener ningún tipo de tratamiento y eso nos parece inadecuado. A eso lo hemos intentado implementar con algunas resoluciones, pero hay distintas interpretaciones de los jueces y eso se termina dificultando. Por eso vamos a modificar la ley para acelerar más el diagnóstico, con un abordaje más dinámico, para que se lo incluya en tal o cual programa de educación, por ejemplo" adelantó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Adelantándose a posibles planteos sobre el respeto a los derechos de esos internos, Rus remarcó: "Nosotros vamos a dar las garantías para que esa persona en poco tiempo pueda estar incorporada a un plan o programa". Pero a la vez sinceró el verdadero argumento para avanzar con esa reforma: "Queremos que cumplan una pena en efectivo, porque entendemos que esa pena funciona como amenaza preventiva mucho mejor que una suspensión de juicio a prueba, que una condena condicional en suspenso. Eso no amedrenta porque después vuelven a cometer hechos y de las mismas características", aseguró.
