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Este lunes 8 de diciembre se cumplirá un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela. Como se sabe, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina fue detenido en territorio venezolano en 2024, acusado por el chavismo de "espionaje y actividades terroristas", eufemismo el régimen de Nicolás Maduro usa para para castigar a opositores.
La familia del gendarme y el Gobierno argentino denunciaron que Gallo había sido detenido al intentar ingresar al país por la frontera con Colombia, con el objetivo de visitar a su esposa e hijo.
Las autoridades venezolanas indicaron que al argentino se le imputan cargos por "vinculación a acciones terroristas" y "espionaje", lo que en lleva a cárceles de máxima seguridad del chavismo que son verdaderos centros de tortura de Estado.
"Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado", declaró en su momento a la prensa María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino que debió regresar a Argentina con el hijo de ambos. La mujer asegura que en julio su esposo estuvo detenido en la Cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas.
Durante los primeros meses de detención, el fiscal de la República, Tarek William Saab, le indicó a la familia de Gallo que "había sido un error" en el marco de "un conflicto diplomático" y le dijeron a su esposa que debía "esperar y tener paciencia" hasta que el argentino fuera liberado.
Griselda Heredia, madre del gendarme, pidió reiteradas veces por la liberación de su hijo e incluso llamó a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Lo único que me supo decir Bullrich fue que me quede tranquila, que ellos están constantemente haciendo lo posible y trabajando", reveló.
La madre del argentino detenido en Venezuela también reveló que "sintió desesperación" frente al despliegue militar de Estados Unidos en las aguas del Caribe.
El Gobierno argentino denunció el hecho frente a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), considerándolo una detención "arbitraria e ilegal" que podría calificar como "desaparición forzada", como un delito de lesa humanidad.
Fuente: Perfil.com
