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Luego de las últimas entregas de viviendas que realizó el IPV en el departamento se generó una fuerte polémica porque varios de los adjudicatarios tenían una relación familiar o profesional con funcionarios del gobierno, legisladores y algún político de reconocida trayectoria.
Si bien nadie terminó por comprobar alguna irregularidad en el proceso de adjudicación el sistema quedó cuestionado por la sociedad que en las fotos de las entregas observó a beneficiarios cercanos a la vicegobernadora y a otros funcionarios del gobierno.
En este contexto el senador justicialista Mauricio Sat presentó un proyecto de Ley para transparentar el proceso y prohibir la adjudicación de casas a funcionarios políticos, judiciales y lesgislativos de alto rango y sus familiares.
La iniciativa que cayó muy bien entre los ciudadanos de a pie e incomodó a las autoridades del IPV se va a tratar en la Legislatura y habrá que ver si tiene el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas.
