Presentaron la Ley para reorganizar el Fondo y posible cierre de Casinos

Tres comisiones de la Legislatura recibieron al Ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad y colaboradores de la cartera, con quienes analizaron el expediente remitido por el Poder Ejecutivo que engloba la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI); la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento; la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y la liquidación de los activos que integran el patrimonio del EX EFOR -actual Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales DAABO-.

La iniciativa permitirá "continuar avanzando con la modernización del Estado, la eficiencia administrativa y el fomento a la inversión, buscando transformar la Administración Pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la creación de un ecosistema atractivo a la inversión".

Sostuvo Víctor Fayad que es "un proyecto que tiene 4 capítulos y 2 hilos conductores. El primero es el incentivo a la producción, y el segundo es la adecuación de algunas estructuras administrativas del Estado. En materia del incentivo a la producción hay 2 capítulos, referidos a la adhesión de la provincia al RIMI, ya que estamos sumando los beneficios que otorga la ley nacional". Agregó que "estamos sumando todo lo que es la estabilidad fiscal a nivel provincial, es decir, sobre aquellos proyectos que adhieran al RIMI, la provincia no va a poder ni cobrar nuevos impuestos ni aumentar las alícuotas de los existentes".

El funcionario remarcó que "en lo concerniente al Fondo para la Transformación, se ha decidido concentrar el objetivo de financiamiento al sector productivo, en dos herramientas. Por un lado, el subsidio de tasas que es una herramienta mucho más potente que dar créditos de manera directa, y la segunda las garantías a través de sociedades de garantía recíprocas para que las PyMEs puedan acceder al sistema financiero". 

Por otra parte, Fayad sostuvo que "se saca de la carga pública el cobro de distintas deudas que vienen de la época de la privatización de los bancos", desde la década del ´90. "La idea es tratar de limpiar un poco esa cartera, de purgarla, de limpiarle el activo de la provincia", subrayó, porque "han transcurrido 30 años sin que el gobierno provincial pueda cobrarlas".

Finalmente, desde la cartera de Hacienda y Finanzas se refirieron a la reorganización integral del Instituto de Juegos y Casinos. El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización. Sobre esto, se aclaró que se incluyen medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público y no se descarta el cierre de salas. 

Reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos

El proyecto busca otorgar facultades a ese organismo para modificar áreas y funciones y avanzar en una reorganización integral en el plazo de un año. También incluye medidas para el personal, adecuaciones presupuestarias y acciones para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico, asegurar la sostenibilidad financiera y garantizar la continuidad de los fines de bien público.

La iniciativa establece que el organismo dará "pleno cumplimiento a las normativas vigentes en materia de empleo público" y que priorizará la continuidad del personal. En ese sentido, se contemplan distintas alternativas para los trabajadores de planta permanente, promoviendo instancias voluntarias y acordadas como paso previo al proceso de reorganización.

Entre las opciones previstas se incluye la implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120 % de lo establecido por la normativa vigente. Asimismo, se determina que quienes opten por este régimen no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de la indemnización percibida.

También contempla la posibilidad de reubicación dentro del propio Instituto, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, "siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo". En los casos en que la nueva función implique una reducción salarial, se prevé el pago de un adicional compensatorio para preservar el nivel de ingresos.

Otra alternativa prevista es la incorporación voluntaria a otros organismos del sector público, en el marco de la legislación vigente. En estos casos, "se tendrá en cuenta la experiencia, capacitación e idoneidad del personal», garantizando el reconocimiento de la antigüedad y una remuneración equivalente a la percibida al momento de la transferencia, con mecanismos compensatorios en caso de ser necesarios.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la "extinción del vínculo laboral", con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, aunque se garantizará en todos los casos una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

A su vez, se prevé la suspensión transitoria de determinadas disposiciones legales cuando resulte necesario para llevar adelante el proceso de reorganización. En paralelo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, podrá disponer "los aportes necesarios para el funcionamiento del Instituto".

Asimismo, se pide la autorización para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para reforzar las partidas destinadas a personal, y se establece que será el propio Instituto quien reglamente los aspectos operativos necesarios para la implementación de estas medidas.

Reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y ampliación de herramientas de financiamiento para las pymes

Finalmente, el proyecto impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. Contempla dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo.

El Fondo, fue creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.

Con el paso de los años y como consecuencia de distintos procesos macroeconómicos, las políticas de financiamiento implementadas y el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo, la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa. Actualmente, su funcionamiento depende principalmente de aportes del Presupuesto provincial.

En este nuevo escenario, el Gobierno provincial considera necesario redefinir el rol del Estado, orientándolo a corregir fallas puntuales del mercado, acompañar contingencias económicas y facilitar el acceso del sector productivo al sistema financiero privado.

Por eso, el proyecto propone su refuncionalización y establece una nueva estrategia enfocada en herramientas más eficientes y de mayor alcance.