Modernización Laboral: Hacia un Mercado de Trabajo Inclusivo y Competitivo

Argentina enfrenta una encrucijada histórica que no admite más postergaciones. La media sanción en el Senado al proyecto de modernización laboral representa un hito clave en la construcción de un mercado de trabajo más inclusivo, previsible y competitivo.

No se trata de una mera modificación legislativa: es una respuesta impostergable a un marco normativo que, durante décadas, ha desincentivado la creación de empleo registrado.

El diagnóstico es inapelable. Argentina registra uno de los costos laborales no salariales más altos de la región -y del mundo-, una "mochila competitiva" que explica, en parte, el estancamiento del empleo formal privado desde 2011 y el crecimiento sostenido de la informalidad, que ya afecta a casi el 50 % de los trabajadores. Esta precariedad golpea con mayor crudeza a los jóvenes, a quienes tienen menor nivel educativo, a los sectores rurales, y trabajadores en micro y pequeñas empresas. En estos grupos sociales, la informalidad golpea a casi 8 de cada 10 trabajadores.

El proyecto recientemente aprobado en el Senado aborda de manera directa las dos distorsiones centrales de nuestro sistema: la altísima litigiosidad y los costos no salariales asfixiantes.

Celebro que el texto brinde mayor claridad y previsibilidad a las relaciones laborales, reduciendo la discrecionalidad que durante años alimentó la "industria del juicio". Entre los avances más relevantes se destaca una mayor certidumbre en el régimen indemnizatorio, que permite a las empresas planificar con mayor seguridad financiera; incentivos concretos a la formalización y blanqueo; flexibilidad en la jornada laboral, adaptada a las realidades de nuestras economías regionales; y una tendencia a la descentralización de la negociación colectiva, una oportunidad para que las pymes mendocinas dejen de sufrir condiciones impuestas desde Buenos Aires que ignoran nuestra productividad real.

Además, el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) -una herramienta que las economías regionales reclamábamos desde hace tiempo- puede configurar un motor para atraer inversiones productivas y generar empleo genuino. Hace un año expresé que era crucial que el Congreso priorice el tratamiento de este régimen. En Mendoza, donde el 98 % de las empresas son pymes que generan el 70% del empleo registrado, el RIMI puede tener un impacto favorable en nuestro tejido productivo.

Este avance parlamentario no es casual: surge del diálogo genuino y la escucha activa. Los consensos alcanzados con provincias, sindicatos y entidades empresariales le otorgan mayor legitimidad y sostenibilidad a la media sanción.

En encuentro reciente con representantes de La Bancaria, C.G.T. y demás entidades gremiales, y la Federación Económica de Mendoza (FEM), destaqué que, pese a los matices, debíamos lograr acuerdos fundamentales sobre la necesidad de reglas claras y previsibilidad jurídica.

Sin embargo, seamos realistas: los cambios normativos son condición necesaria, pero no suficiente. Argentina necesita consolidar una senda de crecimiento económico sostenido y recuperación de los ingresos reales para que esta modernización se traduzca en bienestar concreto para las familias.

Esta ley no es el punto de llegada, sino el punto de partida. Considero que aún queda pendiente legislar con mayor profundidad sobre realidades emergentes que el proyecto aborda sólo parcialmente, como, por ejemplo, los trabajadores de plataformas digitales. Estos trabajadores se han incrementado fuertemente en los últimos años, sin que ello responda a un auge de oportunidades, sino a la caída de los salarios y al aumento de los despidos, funcionando las plataformas como un amortiguador del deterioro del empleo formal. Por ello es imperioso garantizar que la "independencia" de estas nuevas economías no derive en precarización, asegurando siempre un piso mínimo de protección.

Estamos ante una oportunidad histórica para transformar la cultura del trabajo en Argentina: pasar de la lógica del conflicto permanente a la de la productividad compartida y el progreso inclusivo. Es hora de que la ley deje de ser una barrera infranqueable y se convierta en una puerta de entrada al empleo formal, digno y sostenible.

Por Ulpiano Suárez - intendente de la Ciudad de Mendoza