Mendoza pagó 22 millones a un organismo que siempre cuestiona a la provincia
Se autorizó el pago de $22.128.290 correspondiente al segundo bimestre del año, monto destinado a cubrir gastos operativos y de estudios técnicos del ente interjurisdiccional
La provincia de Mendoza formalizó un nuevo desembolso de $22.128.290 destinado al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), organismo encargado de coordinar y supervisar el uso de las aguas del río entre las provincias que lo integran.
Según el Decreto N° 904 del Ejecutivo provincial, con fecha del 6 y publicada este 16 de mayo de 2025 , se autorizó el desembolso correspondiente al segundo bimestre del año, monto destinado a cubrir gastos operativos y de estudios técnicos del ente interjurisdiccional. .
El organismo tuvo siempre posturas y fallos que han afectado directamente los intereses de Mendoza, especialmente en el marco de disputas por el uso del recurso hídrico del Río Colorado.
Ha sido protagonista en el conflicto por Portezuelo del Viento, obra hidroeléctrica y de gestión de aguas que Mendoza impulsa desde hace años y que ha recibido trabas por parte del organismo. La provincia ha cuestionado reiteradamente la legitimidad de algunas decisiones y considera que su rol debería revisarse a fondo, dada la falta de imparcialidad en sus evaluaciones. Aun así, la legislación vigente obliga a Mendoza a continuar con los aportes según lo dispuesto en el marco legal del ente.
La provincia ha señalado en varias ocasiones que este ente ha adoptado decisiones parciales que favorecen a otras jurisdicciones integrantes, como La Pampa, en detrimento de las obras de infraestructura y proyectos estratégicos impulsados por Mendoza.
En ese contexto, el hecho de continuar realizando pagos de estas características genera un fuerte contraste entre la obligación administrativa y el trasfondo político y técnico del organismo.
Más allá del malestar político, el marco normativo obliga a la provincia a cumplir con los pagos establecidos por el estatuto del COIRCO, ratificado por la Ley N° 4154 y los artículos 128 y 129 de la Constitución provincial.
En este contexto, el Ejecutivo mendocino debió autorizar este nuevo aporte, a través de un acto administrativo que cumple con las formalidades legales vigentes. El decreto lleva la firma de la vicegobernadora, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, y responde también al dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.