Fue a reparación de escuelas la plata por la mansión del intendente corrupto
Son 172 millones de pesos por la venta de la casa de Luis Lobos, el ex jefe comunal de Guaymallén condenado y preso por delitos de corrupción
El dinero que se recaudó por la venta de la mansión del ex intendente peronista de Guaymallén Luis Lobos se destinó a la reparación de escuelas, como prevé la Ley Provincial 9.151 de extinción de dominio, sancionada en 2019, que permite recuperar los bienes mal habidos, ya sea mediante corrupción u otros delitos, para destinarlos a la comunidad.
Luis Lobos se encuentra preso en el penal San Felipe.
La DGE confirmó a medios capitalinos que esa plata se incluyó en el denominado Fondo de Educación Permanente, destinado a mejoras edilicias y construcción y reparación de establecimientos educativos.
Vendieron la mansión del ex intendente corrupto de Guaymallén y la plata irá a escuelas
Se trata de 172.241.977,30 pesos que se recaudó por la mansión que se remató públicamente el 5 de junio pasado en una puja en la que hubo seis oferentes.
En ese momento no se dio a conocer al comprador pero se supo que tiene domicilio en Guaymallén, el mismo departamento donde se ubica la casa.
La propiedad, situada en el distrito El Sauce de ese departamento, fue decomisada a Lobos por la jueza civil María Paz Gallardo en 2021, lo que se convirtió en el primer proceso de extinción de dominio del país.
Lobos se enriqueció en apenas dos años de mandato
Luis Lobos se declaró culpable en un juicio abreviado el 28 de diciembre de 2022 y el Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza le impuso una pena de 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta,
Debió reconocer que se enriqueció ilegalmente en su breve mandato como intendente interino (de 2013 a 2015 tras la renuncia de Alejandro Abraham para asumir como diputado nacional) y que cometió fraude con el dinero pagado por la comuna a un privado por el alquiler de una planta elaboradora de asfalto.
Pero como en 2019 ya había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de fraude en el caso de empleados truchos de Guaymallén, se le unificó ambas sanciones en una pena de 8 años de cárcel.