Día de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios

La fecha del 11 de marzo buscó instalarse para fortalecer el objetivo de promover la igualdad de derechos y luchar contra la violencia de género dentro de los medios de comunicación, si bien se podría decir que es de interés para las trabajadoras de prensa escrita, radial o televisiva, es un aporte para el conjunto de la sociedad dado que los medios cumplen un rol social indispensable, y los mensajes que se emiten ayudan a desconstruir viejos conceptos.

Cada 11 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios, de esta manera se persigue un tratamiento inclusivo, plural y diverso en los medios, erradicando los estereotipos y las estigmatizaciones por cuestiones de género y orientación sexual.

¿Sabías que la presencia de las mujeres en los medios de comunicación alcanza tan sólo el 31%?

La fecha se gestó en el año 2014 y fue más que nada para buscar la igualdad a la hora del cupo laboral puesto que ese año se conoció que en las carreras de comunicación y periodismo el 64% eran mujeres, sin embargo, en las redacciones más del 70% era ejercida por hombres.

Hoy también se conmemora el aniversario de la sanción de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que desde el 2015 alienta a visibilizar y concientizar acerca de la violencia en los medios, formadores de opinión.

Violencias en redacciones y entornos digitales

La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, presentó los resultados de la investigación "Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención", un estudio regional que expone la magnitud de la violencia de género al interior de las redacciones latinoamericanas.

El informe advierte sobre casos de violencia de género contra trabajadoras de prensa en redacciones y entornos digitales.

La investigación, que incluyó 108 encuestas y entrevistas en profundidad, identificó 96 relatos de violencia. Las agresiones, en su mayoría, suceden en espacios físicos de trabajo como redacciones, estudios y oficinas. En segundo lugar, aparece el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería. En uno de cada diez casos se combinan ambas modalidades.

El estudio advierte que los agresores en contextos presenciales suelen ocupar cargos jerárquicos altos dentro de los medios. En el plano online, en cambio, se señala con frecuencia a funcionarios gubernamentales y dirigentes políticos.

Las agresiones que se relatan tienen múltiples detonantes: la expresión de posicionamientos feministas o partidarios, la participación en reclamos salariales y, especialmente, la condición de mujer de las periodistas. También se registraron descalificaciones vinculadas a la apariencia física.

Entre los testimonios recogidos figuran situaciones de violencia verbal y psicológica por parte de superiores, acoso en redes sociales por difundir contenidos sobre feminismos y derechos de las mujeres, acusaciones de vínculos sexuales para desacreditar trayectorias profesionales y represalias tras denuncias internas.

Pocas denuncias y escasas sanciones.

Solo el 28,1% de las personas afectadas denunció la situación de violencia. De ese total, el 18,7% recurrió a instancias internas dentro del medio y el 9,4% acudió a la Justicia u organismos públicos especializados. El miedo, la naturalización de las agresiones o la percepción de que "no es lo suficientemente grave" aparecen entre los principales motivos para no denunciar.

Incluso cuando se formalizan denuncias, en el 54,5% de los casos los agresores no reciben sanciones. El informe identifica vínculos de protección o cercanía entre agresores y autoridades de los medios como uno de los factores que obstaculizan medidas disciplinarias.

Además, el 41,3% de quienes denunciaron sufrió represalias: el 17,2% fue despedido y el 24,1% recibió sanciones o medidas adversas tras hacer pública la situación.