Denuncian el retraso de entrega de medicamentos a trasplantados

Marina Arias Daprá es una mujer de 39 años que tiene un trasplante de riñón de un donante vivo, en este caso su mamá, que visibilizó la actual problemática que sufre este segmento de la sociedad que está teniendo serios problemas con la medicación que necesitan para evitar el rechazo del órgano trasplantado. 

Marina se acercó a la redacción de Info YA para denunciar los problemas que están teniendo con el retraso en la entrega de la medicación que es vital para sus vidas y señaló que "en mi caso la Obra Social IOSFA (Obra Social de los empleados de la Fuerzas Armadas), que tiene cortada la prestación en San Rafael está incumpliendo con la Ley 26928 que le brinda protección integral a las personas trasplantadas y en lista de espera". 

Según la paciente "cada caja de inmuno supresores cuesta entre 3 y 5 millones de pesos y un retraso nos puede dejar sin esta medicación que es indispensable en nuestras vidas". 

Recordó que "el último pedido mío es de octubre de este año y estamos a diciembre y no han llegado, el suministro de la medicación es diaria y deberíamos recibirla todos los meses". 

En este marco señaló que "hay gente que se queda sin la medicación porque la problemática se extiende hacia el resto de las obras sociales y entre nosotros nos vamos prestando los inmuno supresores" y agregó que "somos una comunidad muy solidaria y hacemos lo imposible para que nadie se quede sin la medicación que nos recetan". 

Además denunció que "no hay reintegros en los gastos de traslado que tenemos que hacer a Mendoza donde nos hacemos los exámenes cuando la Ley así lo exige" y explicó que "en mi caso al estar la obra social cortada en San Rafael cada examen que me debo hacer lo tengo que pagar y después no me lo reintegran en tiempo y forma como lo exige la ley". 

Y agregó que "los pasajes a Mendoza los otorga la empresa Buttini con la presentación de la credencial de trasplantados que emite el Incaimen pero en muchas oportunidades no coinciden los horarios y debemos usar nuestros autos particulares" y mencionó que "ese combustible lo deberían abonar las obras sociales pero no lo hacen incumpliendo nuevamente con la norma vigente". 

Aseguró que "el Incaimen debería exigirle a las obras sociales que cumplan con los plazos establecidos para la entrega de la medicación y por ahora esto no ocurre" y expresó que "esto se podría solucionar con un pedido de amparo a la Justicia pero no todos tenemos el dinero necesario para pagar un abogado". 

Asimismo refrendó que "todos deberíamos visibilizar este problema que estamos teniendo porque corre riesgo nuestra vida, sin la medicación a tiempo el mismo organismo rechaza el órgano trasplantado".