Acoso escolar: en Mendoza por ley, podrán sancionar a los padres

El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que incorpora al Código de Contravenciones provincial una nueva figura vinculada a la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar.

La propuesta será ahora analizada por la Cámara de Diputados en revisión.

Durante la sesión, la senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, señaló que la pieza legislatica "parte de una premisa clara: el bullying es una problemática social seria, con consecuencias emocionales, físicas y psicológicas profundas, que requiere una respuesta integral desde la familia, la escuela y el Estado".

Zlobec remarcó que el texto legal "no busca castigar, sino generar reflexión y promover vínculos más saludables".

En ese sentido, explicó que las sanciones previstas contemplan trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en los casos más graves o reincidentes, multas económicas. 

Los fondos recaudados por estas sanciones serán destinados al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas, y también a bibliotecas populares, reforzando así el sentido educativo y comunitario de la norma.

 "Lo que queremos es seguir fortaleciendo el compromiso con una educación basada en el respeto, la empatía y la convivencia", señaló, recordando que recientemente el Senado aprobó la instauración de la Semana de Concientización y Prevención del Acoso Escolar y del Ciberacoso.

En tanto, el senador Félix González, del bloque justicialista, valoró la iniciativa como "un paso adelante" en la lucha contra el acoso escolar y destacó que "convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos".

El proyecto incorpora al Código de Contravenciones de Mendoza los artículos 100 bis, 100 ter, 100 quater, 100 quinquies y 100 sexties, que establecen un procedimiento progresivo ante casos de bullying. 

En una primera instancia, se prevé la intervención escolar y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.

Las sanciones podrán incluir trabajo comunitario de entre cinco y cincuenta días o multas de 500 a 5000 unidades fijas, según la gravedad del caso. En situaciones de reincidencia, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar la asistencia obligatoria a talleres o terapia familiar.

Desde el Ejecutivo se destacó que, si bien las escuelas cumplen un rol esencial en la detección y contención de estas situaciones, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos.